Esta semana se conoció que el Consejo de Estado, comunicó al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, la suspensión de la rectora Darling Guevara, lo anterior dentro del proceso que se adelanta en contra de su elección. El mismo tribunal hizo lo propio con la elección de Jhon Valle Cuello, como director de Corpocesar para el periodo 2020-2023.
Para completar el festín el gobernador del departamento, Luis Alberto Monsalvo, en los primeros seis meses de su gobierno, se encuentra entretenido con las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación para las ayudas humanitarias en tiempos de pandemia y por el caso de corrupción al sufragante.
Estos episodios ocurren en sincronía con las cifras de desempleo en Valledupar. Según el DANE para el mes de mayo la tasa de desempleo en la ciudad fue de 22,6 %, cifra preocupante que significa 12.144 personas desempleadas. El resultado de este indicador refleja el comportamiento ascendente del desempleo en Valledupar, superándose a sí misma en cada anualidad.
La coyuntura o irrupción de la pandemia propuesta por la covid – 19, llegó de manera imprevista, nadie en el mundo estaba preparado, ni siquiera el denominado mundo desarrollado. Sin embargo, con sus maneras los diferentes gobiernos de la humanidad han implementado sus estrategias para revertir el impacto social y económico de la enfermedad.
En contraste, en nuestro territorio las estrategias para solventar la crisis impuesta por la pandemia son desarrolladas con el parlante del escándalo y con las sanciones de los directores de dos organizaciones con base misional, para coadyuvar en el desenfreno y rezago socioeconómico con el que convive la población del departamento y de Valledupar.
La combinación de los pendientes y apuros judiciales del gobernador, la rectora y del director de Corpocesar, son muy graves, no obstante a la medida legal del debido proceso, porque son generadores de ingobernabilidad y torpedean la estabilidad institucional. Es absurdo que los procesos gerenciales estén viciados desde el momento de la decisión de su elección, sin lugar a dudas, no se están haciendo bien las cosas en el territorio.
He sido insistente en la necesidad de construir un Plan Estratégico de largo plazo, (20 o 30 años), este ejercicio requiere la intervención de profesiones multidisciplinares, exalcaldes, participación interinstitucional, herramientas y capacidades de comunicación, análisis del contexto y articulación con el orden nacional, con el fin de identificar las potencialidades, limitaciones y tendencias que propicien una nueva cultura con acciones concretas de forma sostenible, viable y eficiente. Para lograrlo, es vital la credibilidad del triángulo compuesto por la academia, el gobierno territorial y la gestión ambiental.
La inestabilidad institucional que afronta el territorio en tiempos convulsionados por la pandemia, aumenta las dificultades para resolver los problemas de inseguridad, desempleo, movilidad, transporte público, ordenamiento territorial, cultura ciudadana y discontinuidad en la prestación de los servicios públicos.
Solucionar estos problemas en cuatro años es prácticamente una causa milagrosa, insistir en esta proeza garantiza pasaporte al fracaso. Entre tanto, impávidos y desapercibidos no se estudia el precepto de las ciudades como sistemas en constante evolución, al parecer se sigue creyendo que Valledupar, todavía es de casitas de bahareque, esa adrede consideración favoreció la madurez de fragilidades urbanas, muy relacionadas con el rápido crecimiento de la ciudad, característica susceptible de sus encrucijadas actuales, colisionadas con los desafíos de las ciudades planteados por el crecimiento demográfico, el cambio de su estructura, el cambio climático acelerado, la creciente desigualdad y la habitabilidad deficiente.
En Valledupar está todo por hacer, hay semillas sueltas por ahí; sin embargo, seguimos sin construir capital social para empezar a trabajar en la gestación de sociedad y territorio en términos definidos por la prospectiva, ese es uno de los enfoques, como la credibilidad y estabilidad institucional.