Un duro golpe fue el que recibió la multinacional Drummond, empresa que por años viene desarrollando actividades mineras en la extracción de carbón en el Cesar, luego de que se conociera el pasado 12 de diciembre, que el Consejo de Estado ordenara la suspensión de las operaciones en 15 pozos.
Esto como parte de una serie de medidas al encontrar presuntos incumplimientos por parte de la multinacional sobre las normas suspendidas que regulan el fracking. El Consejo concluyó que las actividades de explotación realizadas por la minera en los 15 yacimientos de gas vinculados a mantos de carbón, no cumplían con las medidas cautelares de noviembre de 2018, el cual expresan el alto a las prácticas de fracking en Colombia.
Las normas que permanecen suspendidas son el Decreto N° 3004 de 2013 y la Resolución N° 90341 del 27 de marzo de 2014. Hace unos meses el Consejo de Estado permitió los proyectos piloto pero estableció que deben cumplir una serie de requisitos para llevarlos a cabo, uno de ello es la licencia social y veeduría ciudadana.
Carlos Andrés Santiago, vocero Nacional de la Alianza Colombia Libre de Fracking, destacó que la decisión del Consejo de Estado deja claro que si bien los proyectos pilotos para la actividad están permitidos, la normatividad sigue suspendida y no se puede desarrollar ninguna actividad relacionada con la exploración y explotación de yacimientos no convencionales.
“Consideramos que con la suspensión de noviembre del año pasado ante la normatividad técnica para la realización del fracking en Colombia, se debía suspender de inmediato los proyectos como el de la Drummond que se encontraba en fase de explotación”.
Santiago precisó que actualmente la empresa minera viene desarrollando actividades entre los municipios de Chiriguaná y La Jagua de Ibirico y consideró que el Consejo de Estado actuó en derecho en la protección del medio ambiente y sobre todo la decisión que ya había tomado.
El vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, mencionó que se adelanta una fase donde se exije que el Gobierno cumpla y anunció que interpondrán unas quejas disciplinarias contra la ministra de Minas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el director de la Anla por tener conocimiento y ‘extralimitaron sus gestiones’.
El delegado del grupo ambientalista señaló que estos pozos vienen operando desde hace un año y que la medida debe ser la suspensión definitiva de todos los proyectos no convencionales incluyendo el de Drummond.
CONTEXTO
Para dar vía libre a dichos proyectos piloto el Consejo de Estado tuvo en cuenta un informe de la Comisión de Expertos de 173 páginas que establece que antes de iniciar explotación de hidrocarburos comercial mediante la técnica del fracking las comunidades deberán tener acceso a toda la información sobre los proyectos que se realicen en sus territorios y debe participar de forma efectiva en los proyectos piloto.
Dicho documento expresa que: “En caso de pasar al fracking comercial debe definirse la partición de las comunidades en proyectos futuros, esto es identificar las utilidades a ser transferidas a las comunidades por eventual fracking comercial”.
ACCIONES EN EL 2018
En otra decisión contra la multinacional, el Consejo de Estado en agosto de 2018, dejó en firme una multa impuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que asciende a los $1.697 millones por llevar a cabo obras en el Cesar o desarrollar operaciones sin licencia ambiental.
En ese fallo se estableció que la multinacional había adelantado la construcción de un corredor vial de aproximadamente 70 metros de ancho y 5.44 kilómetros de longitud entre el río Calenturitas y arroyo Paraluz y sus obras conexas.
Nos comunicamos con el departamento de comunicaciones de la empresa Drummond, quienes manifestaron que aún no cuentan con un pronunciamiento oficial ante la decisión del Consejo de Estado.
Por: Jorge Luis López González / El Pilón
Lopezgjorgeluis@gmail.com