La Superintendencia de Transporte examinará más de 60.000 expedientes en materia de transporte terrestre, que podrían ser archivados o revocados por ser violatorios del debido proceso. Igualmente, se levantarán los embargos de los casos afectados por esa situación de inconstitucionalidad.
Por medio de un comunicado de prensa, la Superintendencia de Transporte aseguró que la decisión se tomó tras elevar una consulta al Consejo de Estado sobre la normatividad aplicada por la entidad desde 2016 en su régimen sancionatorio.
En ese sentido, el pasado 23 de octubre de 2018 la entidad solicitó un concepto al Consejo de Estado (Sala de Consulta y Servicio Civil) respecto de la aplicación de sanciones al amparo de normas anuladas, particularmente las que corresponden al Decreto 3366 de 2003: “Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de Transporte Público Terrestre Automotor y se determinan unos procedimientos”.
¿CUÁLES ACCIONES SERÍAN OBJETO DE REVISIÓN?
Siguiendo lo comunicado por la Superintendencia de Transporte, serían objeto de revisión las multas impuestas a transportadores de carga y de pasajeros, incluidos los escolares, intermunicipales y mixtos de todo el país, por conductas como mantenimiento preventivo de los vehículos, capacitaciones a conductores y operadores, jornadas de trabajo de conductores y operadores, condiciones técnico mecánicas de los vehículos, exceder la capacidad transportadora autorizada, transportar carga con sobrepeso, entre otros.
Encerrando todo ese grupo, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte procederán a revisar aproximadamente 60.000 expedientes, que representan más de $171.000 millones en multas a los ciudadanos.
La Superintendencia de Transporte está conformando grupos especiales para realizar la revisión de esos expedientes afectados, incluyendo las investigaciones en curso, los casos que se encuentran en cobro coactivo y la atención de acciones judiciales iniciadas contra la entidad.
En la revisión realizada por la Superintendencia de Transporte se encontró que una serie de normas que habían sido declaradas nulas desde 2016 seguían siendo utilizadas por la entidad como norma sancionatoria para miles de casos en la Superintendencia de Transporte.
“Queremos enviar un mensaje de calma a los vigilados que fueron afectados con la imposición de estas multas inconstitucionales. Estamos demostrando que trabajamos con rigurosidad y siempre con miras al fortalecimiento del sector transporte, del emprendimiento y de la protección a los empresarios que cumplen la ley”, enfatizó la Superintendente Carmen Ligia Valderrama Rojas.
NO SE NECESITAN TRAMITADORES NI INTERMEDIARIOS
En el comunicado la Superintendencia resalta en más de un párrafo la claridad que en los procesos donde se hará devolución de dinero no se necesitan tramitadores, “pues el Gobierno Nacional es el único garante en este procedimiento”.
Lo anterior, en la medida que se realizará la revisión de cada uno de los 60.000 casos afectados, lo cual podrá tomar un tiempo razonable pero que, en todo caso, hará de oficio la misma administración.
“El Gobierno Nacional hace un llamado urgente a los vigilados para que NO acudan a tramitadores”, recalca el comunicado.