El próximo viernes 23 de julio llegará el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal, y la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, a Valledupar, con el fin de buscar salida a la crisis que afrontan el Hospital Rosario Pumarejo de López, HRPL, y el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, Idreec.
Ese día se llevará a cabo una mesa de trabajo donde se abordarán los principales factores que han afectado al Rosario Pumarejo, uno de los cuales es que las Empresas Prestadoras de Servicios, EPS, pese a tener la obligación de contratar el 60 % de sus servicios con los hospitales públicos, acuerdan más con las clínicas particulares.
Sin embargo no solo esto ha llevado al bajo flujo de pacientes y la crisis en la que se encuentra el HRPL, sino también la demora en los pagos por parte de las EPS, impidiendo que el hospital pueda contar con los recursos que necesita para su sostenimiento. Actualmente la deuda de estas con el Rosario Pumarejo está cerca de $56 mil millones.
Además, el hospital ha atendido a la población migrante que requiera la atención médica, pero el Gobierno nacional solo reconoce el pago por urgencias, dejando de lado los demás servicios que de ahí se deriven; de esta manera, la Nación le adeuda $41 mil millones al HRPL. Así lo explicó la Gobernación del Cesar en un comunicado a la opinión pública.
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No obstante, en este no se evidencia la deuda de $7.500 millones que le adeuda la Gobernación del Cesar al hospital desde 2019 por atención a la Población Pobre No Asegurada, PPNA.
ESPERANZAS
Durante varios meses los trabajadores de las instituciones de salud han pedido, casi a ‘gritos’, la intervención por parte de la Supersalud, teniendo en cuenta que los centros hospitalarios no son sostenibles financieramente y su crisis parece ir aumentando en lugar de disminuir.
Por tanto, celebran la noticia de recibir a las autoridades competentes, ya que consideran que este es un gran paso; no obstante, esperan que con su llegada se establezcan soluciones oportunas y eficaces considerando que los diagnósticos y la realidad de las instituciones son claras y que esas medidas permitan sacarlas del colapso en el cual se encuentran sumidas y que amenaza con sus liquidaciones.
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RESPONSABILIDAD DE LA GOBERNACIÓN
Según la Ley 1122 de 2007, en su artículo 26, hace referencia a la prestación de servicios por parte de las instituciones públicas y en su parágrafo número 1 menciona: “Cuando por las condiciones de mercado de su área de influencia las ESE no sean sostenibles financieramente en condiciones de eficiencia, las entidades territoriales podrán transferir recursos que procuren garantizar los servicios básicos requeridos por la población”.
Por otra parte, con relación a la deuda que tiene la Nación con la atención a población migrante, la Ley 1955 establece que, si llegara a considerarse pertinente, el gobierno departamental podrá suministrar recursos para apalancar esa deuda. “Respecto al Idreec, es cierto que los hospitales deben ser autosostenibles, pero si no lo son es responsabilidad de la entidad territorial salvarlo”, afirmó la diputada Claudia Zuleta.
Manifestó también que la Ley orgánica 715 de 2001 dispone las competencias de los departamentos en materia de salud, en la cual explica que el departamento deberá concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red de IPS a su cargo. “El gobernador desconoce sistemáticamente su responsabilidad cuando dice que él no es el responsable, y claro que lo es”, concluyó Zuleta.
Por: Ketty Gutiérrez Maestre/EL PILÓN