El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, anunció este martes la revocatoria total de la autorización de funcionamiento del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor. De acuerdo con el acto administrativo que ordena la liquidación, los servicios deberán ser dejados de prestar en los 74 municipios de los 6 departamentos, donde atiende a sus 540.303 afiliados, de ellos 528.855 del régimen subsidiado y 11.448 del contributivo.
Poner en riesgo la salud y la vida de los usuarios, y los recursos del sistema, fueron los principales motivos que llevaron a la liquidación del programa de salud de esta Caja de Compensación, que está bajo medida preventiva especial de vigilancia por parte de esta Superintendencia, desde el 4 de agosto de 2016.
Comfacor deberá iniciar el proceso de asignación de usuarios a las EPS receptoras autorizadas por la Supersalud que operan en la región, sobre las que no hay ninguna medida de vigilancia especial por parte de la Supersalud: Mutual Ser, Nueva EPS, Cajacopi y Coosalud.
También indica la decisión de la Supersalud que a partir del 1 de abril, cuando se haya dado el traslado de los afiliados a las otras EPS, Comfacor deberá interrumpir de forma inmediata la prestación de servicios, fecha en la que ya ha debido informar a los usuarios a qué EPS fueron trasladados.
Los hallazgos
Según la investigación de la Supersalud, Comfacor no cuenta con cobertura del 100 por ciento de todos los servicios, en la totalidad de los municipios en los cuales opera.
Deficiencias en el proceso de atención de maternas y recién nacidos y bajo cumplimiento en la oportuna detección de cáncer de cuello uterino, así como mortalidad materna elevada.
Así mismo, baja cobertura en la unidad de cuidados intensivos pediátricas (53 %) y en las patologías específicas de alto costo: oncología adultos (77 %), oncología pediátrica (61 %), hematología (46 %), quimioterapia (77 %) y en el servicio de radioterapia con (46 %).
Los usuarios se quejan por la restricción en el acceso a los servicios de salud, la deficiente atención en salud, la falta de oportunidad para la atención y la demora en autorizaciones.
Incumple las condiciones financieras y de solvencia (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión de las reservas técnicas).
Presenta indicadores de liquidez negativos, un nivel de endeudamiento del 11,97 % y un capital de trabajo de menos de $362.000 millones, es decir, no tiene recursos para cumplir con sus obligaciones a corto y mediano plazo.
Se evidenció, además, la concentración de giros y pagos realizados mediante giro directo, privilegiando a la red privada y no a la pública como lo establece la ley.
Entre los giros programados se evidencia la concentración en 23 instituciones prestadoras de servicios de salud presuntamente vinculadas con los denominados carteles de la hemofilia, terapias ABA y la falsificación de medicamentos de alto costo. Estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de los entes de control.
La Supersalud también tuvo en cuenta en sus análisis el informe de la Contraloría General de la República, que en una visita realizada entre el 9 y 19 de julio de 2018 hizo preocupantes hallazgos, como la utilización de los dineros de la salud para el pago de publicidad, honorarios por administración delegada (lo cual no es permitido), gastos de nómina extralegales (lo cual está prohibido utilizando los recursos de la salud) y hasta patrocinios de campeonatos de fútbol, reinados de belleza, un torneo de boxeo y la fiesta del Río Sinú, entre otros eventos ajenos al servicio de salud para sus afiliados.
“Esta es una de las EPS a las que se le dio oportunidad de corregir el rumbo y no lo hizo. Dos años y medio de intervención, tres prórrogas a la medida preventiva especial de vigilancia y no mejoró”, afirmó Fabio Aristizábal, quien a su vez dio un parte de tranquilidad a los afiliados al programa de salud de Comfacor, a quienes instó a no angustiarse con la medida.
“Cuando la Superintendencia entra a retirar una EPS de una o varias regiones, estamos actuando para corregir el rumbo, para defender la salud y la vida de los colombianos; tengan la seguridad de que pasarán a una mejor EPS”, puntualizó Aristizábal Ángel.