En Valledupar existe una ilegalidad aproximada del 70%, lo que va en detrimento del municipio porque se están perdiendo recursos significativos en el impuesto de delineación urbana.
Así lo aseguró el asesor de la oficina de Planeación Municipal, Franklin Daza Suárez, en entrevista a EL PILÓN, quien acotó que en el 2016 en las dos Curadurías de la ciudad licenciaron 440 mil metros cuadrados, representados en un porcentaje de obras legalizados del 30%, mientras que hace seis años era solamente el 10%. “La idea es que al finalizar el año alcancemos a llegar al 50% o más”, precisó.
De acuerdo con el funcionario, toda persona que vaya a realizar algún tipo de intervención del inmueble debe dirigirse a la Curaduría Urbana, que es donde se expiden las licencias y donde queda consignado el requerimiento técnico arquitectónico: planos que deben presentar y cuál es el área que se va a construir, según la normatividad que estipule el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.
“Lo anterior aplica para remodelación, cuando se va a construir y cuando hay intervención estructural de la edificación. Cuando se va cambiar el enchape de un baño o de una cocina no es necesario, pero si se va a ampliar un cuarto o a demoler muros debe llevar el visto bueno y la licencia de la Curaduría, puesto que debe cumplir unos requerimientos como la sismo resistencia para evitar casos como el de Cartagena, donde se desplomó un edificio antes de terminarlo”, explicó.
Las fallas de control urbanísticos más reiterativas en la capital del Cesar son: construir más metros cuadrados que lo que se genera en la licencia, el número de pisos de edificios (hay personas que licencian por ejemplo dos pisos y terminan haciendo cuatro), diferencias entre el área a construir y el planteado en la licencia, mala calidad de los materiales, inadecuados diseños estructurales (que por ahorrarse una columna o unos kilos de hierro hacen cosas indebidas) y aislamientos (lo que la norma exige, según los estratos y alturas, unos retiros laterales hacia las otras construcciones para que haya ventilación).
Daza Suárez enfatizó que toda obra debe tener su respectivo licenciamiento. “La Alcaldía, que ahora con el nuevo Código de Policía y las reasignaciones de funciones, va a tener la herramienta -a través de los inspectores de policía- de supervisar que lo que se licenció coincida con lo que se está ejecutando. Tenemos un equipo humano fortalecido, que fue contratado para esos efectos, que va a estar en todas las comunas de Valledupar verificando que lo que se está construyendo es lo que esté licenciado”.
Serán 18 gestores urbanos que trabajarán de la mano con los arquitectos de Planeación, los inspectores de policía, que tendrán la potestad de hacer suspensión y multas. La idea es que sea un trabajo articulado de Planeación Municipal, las dos curadurías y la Secretaría de Gobierno con los inspectores.
“Ya tenemos un equipo robustecido que llegará a todas las construcciones y la idea es que las nuevas construcciones estén bajo nuestra supervisión. Necesitamos que la ciudadanía nos esté informando; vamos a tener una línea, para que así como la Policía tiene el 123 desde Planeación tengamos una línea para que su queja o denuncia tenga el seguimiento respectivo”, manifestó el asesor de Planeación Municipal.
Agregó que un buen control urbanístico es que la comunidad se ciña a lo que dice la Ley, que todos los procesos se den debidamente y que las personas realmente tenga sus licencias, acotando que hay casos de ciudadanos que falsifican la licencia, toman una valla de una obra diferente o imprimen una licencia y cuando se verifica no ha sido expedida por la Curaduría.
“Uno de los pasos a corto plazo es una reunión con los curadores de la ciudad para que generemos información diaria de lo que ellos realizan para nosotros ir verificando. Las Curadurías tienen la responsabilidad de la revisión técnica en un 100%, referente a los planos arquitectónicos y estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias, el manejo del uso del suelo en cuanto al tipo de construcción que se haga”, afirmó el funcionario.
Al respecto, el curador urbano número uno de Valledupar, Augusto Orozco, subrayó que la función de las curadurías es de notarios, donde dan fe de unos proyectos que se les asignan, pero no hacen control físico ni salen de la oficina a verificar el control urbanístico.
Alcalde miente en control urbanístico: Curador
El curador Augusto Orozco desmintió las aseveraciones del jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal y las del alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, publicadas en la edición del lunes en EL PILÓN, donde se asegura que contrató a unos agentes urbanos para ayudar en el control físico y que va a nombrar a los inspectores de policía para completar la gestión.
“Esto es falso porque si la Procuraduría y la Comisión Regional de Moralidad (integrada por la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Personería) le dicen lo mismo para que ejerza un procedimiento legal del control físico y no existen dineros destinados para los carros y combustible para ejercer la tarea de vigilancia es muy difícil”, afirmó.
Aseguró que es clave la existencia de un archivo municipal, porque en el que existe se están perdiendo documentos que tienen procesos contravencionales. “El archivo debe hacerse según la ley 594 del 200. El alcalde se la ha pasado mamando gallo y posando para los medios y no hace absolutamente nada. Prueba de ello es que sigue el mismo 90 % de construcción ilegal en Valledupar, con lo que se generan que no se paguen los impuestos que se derivan de las licencias. Debe haber una corrupción muy grande al interior de Planeación para que se den las cosas como están en la actualidad; a él (alcalde) se le ha advertido en varias oportunidades y sigue en la misma conducta. Esta denuncia la haré ante el Procurador General cuanto antes, estoy adjuntando la última prueba porque no puedo permitir esta situación”, afirmó.
“Es urgente que se tomen las medidas necesarias para ejercer un control urbano exitoso y no para hacer lo que el alcalde de Valledupar dice que está haciendo y no se ha hecho, ni aún con los organismos de control llamándoles la atención mes a mes. Es decir, que se siguen construyendo los mismos falsos positivos, se siguen construyendo las obras sin licencias o se realizan dentro de la reserva forestal”, acotó.
18 gestores apoyarán en control urbanístico
Con la entrada en vigencia de la Ley 1801 del 2016, por la cual se expidió el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, los inspectores asumieron el control urbanístico que históricamente era competencia de la Oficina Asesora de Planeación. En este sentido, vienen realizando brigadas de normalización en diferentes puntos de la ciudad, las cuales serán apoyadas con la llegada de 18 gestores urbanos.
“La primera instancia hoy está en cabeza de los inspectores y Planeación carece de toda competencia. Propusimos un tema de gestores urbanos en Valledupar: 18 personas que entran a trabajar con los inspectores, mientras que los arquitectos y los abogados de la Oficina realizarán un acompañamiento”, dijo en su momento el exjefe de la Oficina Asesora de Planeación, Aníbal Quiroz Monsalvo.
Frente a la decisión, el personero Alfonso Campo Martínez indicó que, “lo importante es entregarles las herramientas, capacitarlos, no atropellar, respetar el debido proceso y entender que necesitamos eficiencia, ser diligentes en el resultado, pero con respeto”.
“La cultura del atajo no se puede volver ley en la ciudad. Hoy una licencia puede estar costando entre 8 y 20 millones de pesos, pero la multa por la que podría ser sancionada la persona está entre 100 y 150 millones de pesos, 10 veces más de lo que puede costar una licencia de construcción”, explicó Quiroz Monsalvo.
Entes de control piden mayor control en las construcciones
Cabe recordar que a finales de julio, la Procuraduría Regional del Cesar instó al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, a ejercer acciones de vigilancia y control sobre el desarrollo urbano de la ciudad, para evitar hechos que afecten los derechos de la ciudadanía.
En el ejercicio de su función preventiva, el Ministerio Público pidió al funcionario disponer con carácter urgente de mecanismos eficientes para evitar siniestros en las edificaciones, invasiones al espacio público, existencia de urbanizaciones piratas, evasión de impuestos a partir de la expedición de licencias urbanísticas e incumplimiento de las normas sismorresistentes.
La entidad solicitó la conformación de un grupo interdisciplinario de profesionales idóneos para ejercer un control urbano y posterior de obra efectivo, preventivo y correctivo. El Ministerio Público exhortó al mandatario municipal para que nombre, en el menor tiempo posible, los inspectores urbanos que sean necesarios, pues sobre ellos recae la adopción, en primera instancia, de las medidas correctivas relacionadas con la suspensión de construcciones y demoliciones de obras, entre otras funciones.
Con relación a la invasión del espacio público, la construcción irregular de techos en los antejardines de las viviendas en diferentes barrios de la ciudad, y los daños ocasionados al monumento Ecce Homo, la Procuraduría solicitó al alcalde iniciar las acciones legales pertinentes para evitar que estas situaciones continúen ocurriendo.
Por su parte, el personero Alfonso Campo dio a conocer en el mes de junio que “la estrategia de la Alcaldía de Valledupar de control físico urbano ha sido deficiente, puesto que aún con la edificación sellada, las obras continúan su ritmo hasta su terminación total, sin que haya multas, demoliciones o recuperación de espacio público; y las construcciones adelantadas en la ciudad que presentan irregularidades u omisiones”.
Por Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN