La dirección territorial Cesar – La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó un balance de la gestión en lo que va de este Gobierno, indicando que hasta octubre de este año fueron recibidas más de 1.100 solicitudes de restitución de predios entre estos dos departamentos. Según la entidad, esta cifra registrada durante el Gobierno de Gustavo Petro supera en un 30% a la totalidad de solicitudes recabadas entre agosto de 2018 y julio de 2022, con 832.
Ahora bien, en cuanto a las decisiones favorables para las víctimas de tierras despojadas y abandonadas forzosamente a causa del conflicto armado, el informe presenta que la URT ha inscrito 338 procesos en el Registro de Tierras Despojadas, frente a los 105 casos con decisión de no inscripción. “Estas cifras abiertamente contrastan con las negaciones arrojadas en el gobierno anterior, que en total sumaron 731 procesos inadmitidos. Comparados con las 105 no inscripciones en 26 meses del actual Gobierno”, precisó la URT.
En hectáreas
En cuanto a los casos que han avanzado, la URT Cesar – La Guajira sostiene haber gestionado ante los jueces la restitución de más de 15.000 hectáreas en ruta individual o campesina, lo cual equivaldría al 40 % de toda la tierra restituida en ambos departamentos en 13 años de vigencia de la Ley de Víctimas (38.320 hectáreas).
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“De igual manera, en la etapa judicial —es decir, durante la gestión de las demandas radicadas por la URT Cesar – La Guajira—, se tiene que con los 300 procesos judiciales presentados ante jueces y magistrados en lo que va del Gobierno Petro, la territorial busca la restitución de 12.600 hectáreas, equivalentes al 86% de toda la tierra que, en ruta campesina, demandó el Gobierno anterior en cuatro años (14.532 ha)”, sostuvo la entidad.
A pesar de esos datos presentados como avances, la semana anterior, víctimas del conflicto armado del departamento del Cesar protestaron durante 3 días a las afueras de las oficinas de la dirección territorial de la URT Cesar-La Guajira, ubicada en Valledupar, asegurando que varios casos tienen años sin avances en las etapas administrativas y judiciales.
Incluso, los manifestantes bloquearon la entrada de la institución, impidiendo el ingreso de los funcionarios y los juzgados que laboran en ese edificio en pleno centro de la capital cesarense, hasta que después de varias horas lograron hablar y llegar a acuerdos según los casos, lo cual llevó a la finalización de la protesta.
Por Redacción EL PILÓN.