En una audiencia pública virtual convocada por el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, se habló sobre la crisis financiera que enfrenta el Hospital Rosario Pumarejo de López.
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El parlamentario sostuvo que solicitará a la Procuraduría General de la Nación la apertura de una investigación disciplinaria en contra de la gerente del ESE, Jackeline Henriquez, al considerar que existe negligencia de su parte para dar solución a los empleados que permanecen en cese de actividades y huelga de hambre en reclamo a 11 meses de salarios sin cancelar.
“Se debe adelantar una investigación disciplinaria para que la Procuraduría presione al Hospital y paguen los sueldos atrasados; los trabajadores están en huelga de hambre y quiero responsabilizar al Ministerio de Salud, a la gerente del Hospital y a la Secretaría de Salud del Cesar por la salud de los trabajadores”, indicó el senador.
Asimismo subrayó que la crisis financiera que asfixia a la red pública hospitalaria del departamento del Cesar ha generado atrasos en los pagos de salarios, tercerización laboral, deficiente suministro en los elementos de protección personal, entre otros males.
“Hoy los hospitales de este departamento se encuentran con bajo recaudo de carteras de las EPS, elevada atención a Personal Pobre No Asegurado, y lo más preocupante es que son la caja menor de los politiqueros de turno. Esa es la radiografía del Hospital departamental Rosario Pumarejo de López, del Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, el Hospital Eduardo Arredondo Daza y el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, Idreec”, recalcó.
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En la audiencia pública virtual fue escuchado el médico Julio Julio Peralta, quien se ha convertido en uno de los voceros de los empleados que permanecen en huelga. Julio Julio señaló que las finanzas del Hospital se han ido desvaneciendo debido a que los pacientes pertenecientes a la red pública son remitidos a clínicas privadas desde hace varios años.
“De acuerdo a la resolución 1122 del 2007 el 60 % de los pacientes del régimen subsidiado deben ser atendidos en la red pública y hoy vemos que este Hospital está atendiendo solo el 10 y 15 % del régimen subsidiado y el 80 y 85 % van encaminadas a población migrante y con un agravante y es que el Gobierno nacional ha garantizado el pago de las atenciones por urgencias y que no hay recursos garantizados para cancelar los servicios de hospitalización y ambulatorio; todo esto ha llevado a la ‘desnutrición financiera’ que tiene el Rosario Pumarejo de López. Actualmente el Hospital tiene facturas por $24.000 millones por servicios de hospitalización de población migrante y el Gobierno nacional dice que no los pagará porque no ha dado la orden de prestar los servicios y eso es un hueco financiero”, subrayó Julio Julio Peralta.
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Por su parte, el senador Juan Luis Castro indicó: “Este es uno más de los ejemplos de cómo las falencias estructurales que adolece nuestro sistema de salud afectan principalmente al talento humano y la oportuna prestación del servicio. La obstrucción politiquera en el flujo de los dineros de la salud es un problema que aqueja a toda la red pública hospitalaria del país y al que urge prestar atención y proveer soluciones”.
Por: Milagros Sánchez / EL PILÓN