Cuenta un expresidente mexicano que cuando se posesionó su primer acto de gobierno fue pedirles a sus ministros que le llevaran un listado de todas las normas que torpedeaban el desarrollo de sus carteras. A los pocos meses la Cámara de Diputados del Congreso había derogado un centenar de leyes y el país comenzó a tener un crecimiento impresionante en su economía.
Si practicáramos este mismo ejercicio en Colombia, creo que podríamos tener una economía creciendo al 5% anual. Sin duda alguna, el exceso de regulación tiene el desarrollo económico del país con el freno de mano a fondo. El caso más aberrante está en el sector agropecuario. Veamos algunos casos: Para coordinar las políticas sectoriales se inventaron la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, el Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, El Consejo Nacional de Secretaria de Agricultura, El Comité Asesor de Política Sectorial, El Consejo Nacional de Adecuación de Tierras, La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y el Consejo Asesor de Mercados Mayoristas. Ningún congresista ha hecho un balance de gestión y logros de estos órganos, para ver si se justifica seguir manteniendo esa burocracia.
También contamos con una cantidad de fondos especiales que poco impacto han tenido en el fomento de la inversión en el sector agropecuario. Tenemos un Fondo de Fomento Pesquero, pero el país importa USD 18 millones de pescados al mes. Tenemos un Fondo Agropecuario de Garantías, pero sólo el 14% de los creditos llega al pequeño productor. Tenemos un Fondo de Solidaridad Agropecuaria, que vive en sobregiro. Un Fondo de Inversiones de Capital de Riesgos que no invierte y el Fondo de Microfinanzas Rurales, sin plata.
Al ministerio de Agricultura le crearon una cantidad de entidades adscritas que en su mayoría terminaron tercerizando sus funciones en organismos internacionales, y gremios agropecuarios, con unos resultados bastante flojos. El modelo de tercerización de las funciones en la Agencia Nacional de Tierras, ICA, Agencia de Desarrollo Rural y Unidad de Restitución de Tierras, montado en el gobierno de Santos, dejan muchas dudas.
En materia de subsidios e incentivos estatales se han creado una serie de instrumentos como el Incentivo a la Capitalización Rural, el Certificado de Incentivo Forestal, las Líneas Especial de Creditos, el Programa de Nacional Reactivación Agropecuaria y el Incentivo al Seguro Agrario, entre otros, que han tenido poco impacto en la reactivación del sector agropecuario y sus recursos, en la mayoría de los casos, han sido entregados más con criterio político que técnico.
En legislación de propiedad rural, el sancocho de leyes y entidades es peor. Adquirir un predio en Colombia es un lio. Nunca sabes cuando estas en medio de una zona de reserva campesina, indígena, comunidad afrodescendiente, zonas veredales transitorias de reincorporación de las FARC, de un baldío, Zidre o si excediste el límite de la Unidad Agrícola Familiar.
Para acceder a un crédito agropecuario las normas establecieron 13 tipos de productores, para exportar una caja de banano existen 33 requerimientos y para transportar un novillo, siete guías. Como pueden ver, el Congreso de la Republica, tiene una buena tarea a partir del próximo 20 de julio.
*Experto en financiamiento agroindustrial.