A pesar que sólo faltan dos meses, prácticamente, para culminar su obra de gobierno, el Presidente Álvaro Uribe Vélez, sigue manteniendo el mismo estilo beligerante, controversial, respondón, etc, en permanente campaña política, que a él le dio buenos resultados en materia de popularidad, pero que, a todas luces, le ha hecho un daño muy grande a la institucionalidad del país.
Durante los ocho años de gobierno, pero más en los cuatro correspondientes al segundo periodo de gestión, Uribe Vélez se caracterizó por mantener una posición radical en la defensa de sus posiciones frente a las distintas instituciones del Estado, como la Junta Directiva del Banco de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, la Procuraduría, etc, pero fundamentalmente contra las altas Cortes y la rama judicial, en su conjunto.
Esa actitud de Uribe, frentera, según sus seguidores, pero prepotente, según la oposición, consideramos que le ha hecho un gran daño al funcionamiento del Estado Social de Derecho que tiene Colombia.
Es comprensible la defensa que Uribe hace del General, Freddy Padilla De León, de quien el país sabe que se trata de juna persona de bien, un caballero en todo el sentido de la palabra, y un militar que ha sabido llevar con orgullo, responsabilidad y honor su investidura. De allí que buena parte de las llamadas fuerzas vivas del país, desde los medios de comunicación hasta los gremios, y por supuesto los militares activos y en retiro, han salido en defensa del General Freddy Padilla De León.
Igual caso, podría afirmarse sobre el joven economista, Mario Aranguren, quieren fuera subdirector y director de la DIAN, luego embajador en Curazao y volvió al gobierno de Uribe, como director de la UIAF. Ahora, afronta problemas judiciales por el caso de las famosas chuzadas a los magistrados, políticos de oposición y periodistas, investigando sus cuentas bancarias y posibles nexos con narcotraficantes. Es comprensible la defensa que Uribe hace de este funcionario que fuera eficiente y eficaz para su gobierno.
Pero una cosa es defender a integrantes de su equipo y otra muy distinta acusar a toda la rama judicial de ser auxiliadora del terrorismo y del narcotráfico, como lo ha dicho públicamente el señor Presidente de la República.
Con todo el respeto que nos merece la investidura del señor Presidente, nuevamente debemos manifestar que discrepamos de sus palabras y de su actitud frente a la rama judicial.
Independientemente, de los casos aislados sobre corrupción en la rama judicial, como en todas las ramas del poder público, lamentablemente, el funcionamiento del Estado de Derecho, requiere de la independencia, autonomía y colaboración de todos los poderes del Estado. Si el Presidente o algún otro alto funcionario del gobierno tiene indicios o sospechas de las actuaciones de un fiscal, un juez o un magistrado, debe denunciar las mismas ante la respectiva autoridad, en lugar de colocar en la “picota pública” a toda una rama del poder público.
En buena hora, ya en el ocaso del segundo mandato, el propio Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, acaba de presentar al Congreso de la República un proyecto de Ley para volver a crear el Ministerio de Justicia, para que la administración de justicia tenga un vocero en el ejecutivo y un coordinador ante las altas cortes y toda la rama judicial.
Pero más allá de volver a crear el Ministerio, el tema tiene que ver con la actitud y el talante de un gobierno, y esa beligerancia es uno de los lunares del gobierno que está por terminar. El país espera del próximo gobierno, gane quien gane el 20 de junio en la segunda vuelta, un talante y una actitud distinta en la conducción del Estado, respeto y autonomía frente al resto de los poderes, pues como dice el adagio “Lo cortés no quita lo valiente”.