Colpensiones es una entidad estatal creada por la Ley 1151 de 2007 cuya naturaleza jurídica, modificada por el Decreto 4121 de 2011, es de Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), organizada como entidad financiera de carácter especial. Sus funciones están definidas por la ley, pero básicamente podemos resumir que es la entidad encargada de la administración del Régimen de Prima Media con prestación definida y del programa de Beneficios Económicos Periódicos, conocido como BEPS.
Recientemente se ha generado un gran debate nacional a partir de la declaración hecha por Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, en la cual plantea: “Los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social, por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer obras de infraestructura importantes”. Resulta ser bastante desafortunada esta declaración.
Cuando Dussan dice “los recursos de ahorro que tenemos”, surge la necesidad de precisar que la entidad que él dirige no cuenta con “recursos de ahorro”, pues el régimen administrado por Colpensiones es un sistema de reparto puro, en el cual, los recursos recaudados por vía de cotizaciones de trabajadores y empleadores van a un fondo común de naturaleza pública con el cual se financian las pensiones de los pensionados actuales. Tan cierto es esto que actualmente Colpensiones, aún con muchos años de esfuerzos administrativos, no cuenta con los ingresos suficientes para cumplir con el pago de las pensiones de aproximadamente 1,5 millones de pensionados.
El déficit actuarial de Colpensiones tiene causas históricas y políticas que pueden ser objeto de análisis en otro momento. Lo cierto es que el Estado debe hacer un enorme esfuerzo fiscal cada año para completar lo necesario para pagar las pensiones de los colombianos.
Aproximadamente 44 billones de pesos son destinados cada año, provenientes del Presupuesto General de la Nación, para el pago de las pensiones a cargo de Colpensiones, el FOPEP, el FONPET, el FOMAG, el Fondo del Congreso, el CREMIL, entre otros. De estos, más de 10 billones son dirigidos a Colpensiones.
Ahora, si el presidente de Colpensiones está hablando de los Ahorros del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que, aunque es regulado por el Estado no es administrado por él, sino por las Administradoras de Fondos de Pensiones, está hablando de algo sobre lo cual no tiene autoridad ni competencia para definir, por lo menos en el modelo actual.
El RAIS es un sistema de capitalización, que acumula las cotizaciones de los afiliados en cuentas de ahorro individuales con las cuales se financiarán las pensiones, y por disposición constitucional y legal no pueden ser destinados a fines distintos.
No sería sensato desconocer que el Sistema General de Pensiones aún tiene problemas y muchas cosas por mejorar, pero tampoco lo es desconocer que la integralidad creada por la Ley 100 de 1993 salvó de una quiebra fiscal y evitó un desastre en materia pensional en Colombia por la inviabilidad probada de la mayoría de sus administradoras, entre ellas Cajanal, el Seguro Social y más de 1.000 cajas de previsión que llegaron a existir en Colombia.
En ese orden de ideas, las declaraciones del señor Dussan son un completo disparate que solo denotan desconocimiento del sistema. Ahora bien, el presidente Gustavo Petro desde su campaña ha propuesto una reforma pensional. En principio, se nos ha dicho que es para convertir nuestro sistema de pensiones en un sistema de pilares pensionales.
Los sistemas de pilares funcionan en muchos países del mundo y consisten en un modelo en el que pueden coexistir un sistema de ahorro público y uno privado, pero no de forma excluyente como el modelo colombiano actual, sino complementaria. Esto quiere decir que las personas pueden cotizar determinada porción en un primer pilar público obligatorio y si sus ingresos lo permiten, otra porción en un sistema de ahorro privado.
El diseño del sistema: ¿Cuántos pilares tendría? ¿Sobre qué nivel de ingresos es el pilar obligatorio y a partir de qué nivel de ingresos sería el aporte voluntario ante fondos privados? ¿Cómo sería el régimen de transición? ¿Cuáles serían las condiciones de pensión (edad, tiempo de cotización, tasa de reemplazo)? Estos son los temas centrales de la reforma, por tanto, es sobre esto que debe pronunciarse el Gobierno en cabeza del presidente de la República, el Ministerio de Trabajo o su bancada parlamentaria de gobierno para abrir el debate público nacional.
No es tirando disparos al aire, confundiendo a los ciudadanos y generando incertidumbre. Es planteando con seriedad, fundamento y con arreglo a nuestro orden constitucional las reformas que, sin duda, necesitamos los colombianos.
Por Claudia Margarita Zuleta