El próximo domingo cuando el país elegirá a los nuevos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles, se pondrá a prueba, nuevamente, el obsoleto y caduco sistema electoral colombiano.
Varias veces, desde estas mismas páginas, nos hemos referido a este grave problema que tiene que sufrir el país, que pone en entredicho su democracia y que – por sus características y fallas- es motivo de tantos problemas jurídicos y de falta de legitimidad de muchas elecciones, en varios municipios y departamentos del país.
Cuanta falta le hace a Colombia, y cuantos inconvenientes nos habríamos evitado, si se hubiera modernizado el sistema electoral, con nuevas tecnologías, con equipos y redes electrónicas que le brindarían una mayor garantía a las elecciones y – en últimas- al sistema democrático.
Pero no, seguimos con un sistema de urnas de cartón, tarjetones y documentos, todos vulnerables en distintas etapas del proceso y – así mismo- fuente de muchas dudas y de incertidumbre, para todo el mundo: candidatos, autoridades y electores, principalmente. Todos sabemos, de antemano, que acudimos a unas elecciones con un sistema supremamente vulnerable, pero… ¿Qué le vamos a hacer?.
Eso es lo que tenemos y con ese, el actual sistema, es que tenemos que trabajar y adelantar las elecciones regionales en mención. Estamos a merced -y debemos partir del principio de la buena fe- de la honestidad, la transparencia y la eficiencia de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y de las personas, los ciudadanos, convocados para ese día como jurados de votación.
En estas personas recae, en muy buena parte, la marcha del proceso electoral que se realizará el próximo domingo y en el cual se escogerán los cuadros directivos de los gobiernos locales.
Buena parte de la culminación de este proceso, en las circunstancias anotadas, depende de las autoridades, tanto del nivel nacional como del nivel local; en todo lo relacionado con las medidas de seguridad, la disposición logística del proceso, la vigilancia de su transparencia, que depende de muchos factores.
De allí la importancia de las disposiciones adoptadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, entre otras instituciones, para vigilar la buena finalización de este proceso eleccionario.
En este sentido, tiene una importancia fundamental que se le garantice a la ciudadanía un adecuado sistema de transporte público individual y colectivo, para que la gente pueda cumplir con el sagrado deber de votar.
En este orden de ideas, es fundamental la labor de las veedurías ciudadanas, como es el caso de la MOE y de los propios partidos políticos, que de una u otra manera, por medio de los testigos electorales pueden y deben actuar como vigilantes unos de otros.
De todos depende, candidatos, funcionarios de la Registraduría, jurados y testigos electorales, haciendo cada uno en lo que le corresponde, que se respete, de principio a fin, la voluntad popular que debe ser, en últimas, el elemento esencial del proceso que culmina el próximo domingo. De allí la importancia de denunciar, cualquier anomalía o situación sospechosa antes, durante y después del proceso electoral.