En un verdadero desbarajuste se ha convertido el control y direccionamiento de la gestión pública territorial, que obedece más a pretensiones propias de caciques políticos que la razón misma que representa esta figura de orden constitucional: El control fiscal.
De tal manera, que es inaudito y por demás sorprendente que las acciones y decisiones de los Órganos de Control del Estado Colombiano, tales como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, Personería, se halla desdibujado y de qué manera del principio pragmático, real de ser garantes de la verdad, la objetividad, la salvaguarda del tesoro público y como tal el fortalecimiento y sostenimiento ético de la responsabilidad social en el manejo del control fiscal.
Bajo estas circunstancias, puede afirmarse, que la comunidad colombiana está cansada de tantos desafueros, desatinos visibilizados y materializados por estos órganos de control, tan importantes y necesarios, que de paso día a día se degradan ante la pérdida de credibilidad. Otro factor que incide notoriamente es el rosario de irregularidades por parte de las llamadas “IAS”, que se observa en el choque y desacuerdos entre el seno directivo de estas con relación al manejo de temas pertinentes como la corrupción; para no ir tan lejos, Colombia no olvida el testimonio resiente, plasmado entre la Fiscalía y la Procuraduría al enfrascarse estas, en decisiones contundentes, referentes al grado de culpabilidad de los hermanos del arquitecto asesino de la niña Yuliana.
La decisión de la Fiscalía apuntaba a acusar, mientras la Procuraduría a defender, siendo ganadora esta última. Como este caso se registran muchos más, que distorsionan el orden social y la convivencia. Otro testimonio, es el de un ciudadano infractor de la Ley penal que tenga que ser liberado por vencimiento de términos. ¿ Por qué sucede esto? Y lo más absurdo que en muchos casos con bombos y platillos se crean expectativas a nivel local, regional y nacional de exhaustivas investigaciones y enormes hallazgos, que a la postre terminan como simples procesos inanes, “hallazguitos”, sin resultados dignos de destacar.
Caso similar se presenta, cuando la comunidad se asombra al enterarse que el alcalde de “Tierra Perdida” fue destituido e inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos y resulta que éste culminó su periodo felizmente, sin que autoridad alguna ejerciera control sobre él. ¿Podrá llamarse esto justicia eficiente? ¡oh qué barbaridad! Estos episodios dejan muy mal parada la forma de ejercer justicia en este país, llámese penal o disciplinaria; deja mucho que pensar.
Los ciudadanos no entendemos como la justicia presenta eficiencia en gestión en determinados entes territoriales y flaquea en otros. ¿Por qué no se aplica similar medida? ¿Será que existen compromisos para que estos desmanes se muestren como hechos normales?
En el ejercicio de la gestión político territorial se requiere de manera urgente, ejercer riguroso control, pero antes que sucedan los hechos o de manera coincidente; también cambiarle el rumbo a través del acompañamiento de veedurías y la participación de otros mecanismos y herramientas de participación ciudadana; para que así podamos tener una justicia real, eficiente y oportuna.