En nuestro país el crecimiento de la delincuencia, tanto la de tipo menor como la de tipo organizada, no es percepción sino una realidad que mantiene atemorizados a todos sus habitantes, ya que la gente cuando sale de sus residencias al trabajo o a cualquier otra actividad cotidiana siente mucha inseguridad por el alto riesgo de ser atracada en la calle, aunque se transporte en su propio automóvil.
Es tan grande el desasosiego de la gente, que ya rehúsa recrear a sus hijos en los parques de la vecindad por miedo de ser asaltado, herido y robado, o encontrar personas consumiendo narcóticos, que es otro de los panoramas aterradores de la sociedad. Ni siquiera la gente común y corriente está segura en sus hogares por los frecuentes hurtos caseros. Inquietante situación que afecta la calidad de vida de las personas.
Ante tan nociva consecuencia, podemos decir que en Colombia la delincuencia menor además de ser un grave problema social también se ha convertido en un problema de salud pública, como la costumbre de conducir vehículos en estado de embriaguez, que es otra de las amenazas atentatorias contra la población colombiana. En fin, la delincuencia es un exabrupto que pone en riesgo la seguridad pública de cualquier comunidad.
Si bien los delincuentes más peligrosos son los del crimen organizado, conocido como bandas criminales o Bacrim, la delincuencia menor, también tienen en jaque a las tres ramas de nuestro gobierno; es decir, ninguna de las autoridades de nuestro país ha podido proteger los bienes ni la vida de sus residentes como lo manda la Constitución Política.
Por lo anterior, gran parte de la ciudadanía colombiana piensa que quienes han conformado sus autoridades, no solo les ha faltado voluntad para frenar la delincuencia, sino que por intereses particulares han contribuido con su creciente proliferación. Como argumento de lo aludido traigo a colación la reincidencia en la comisión de delitos menores, muy a menudo noticias en todos los medios de comunicación, asimismo la usurpación anual de más de 50 billones de pesos del erario.
Con tal enorme cantidad de dinero defraudada del fisco nacional se puede hacer obras para resocializar a los delincuentes que frecuentemente entran y salen de las cárceles por cometer delitos menores.
Estos pobres delincuentes cuando salen de las penitenciarías, por sus prontuarios no les dan oportunidad laboral, por ende, les toca volver a robar para sobrevivir o para que los capturen, porque en la prisión por lo menos les suministran algo de alimento.
Mientras no haya soluciones de fondo la delincuencia seguirá creciendo, aunque esto ha favorecido a los políticos y a sus cómplices corruptos, si no cambian al comportamiento de la búsqueda del bienestar colectivo, más temprano que tarde la izquierda comunista se tomará el poder, lo que sin duda alguna sería una fatalidad difícil de destronar.
Posiblemente los líderes capaces de evitar esta calamidad están en el anonimato, pero debido a las condiciones de la inmoralidad política del país no se atreven a lanzarse como candidatos a los cargos de elección popular, ya que se requiere de alianzas para salir elegidos y esto significa seguir con la actual corrupción dominante.
Para la próxima elección de los congresistas habrá candidatos idóneos y probos, pero serán los menos. De los candidatos aspirantes a la Presidencia de la República, creo que los más aptos son Humberto de la Calle Lombana y Sergio Fajardo Valderrama. En verdad, cualquiera de los dos podría ser el Presidente de transición, para que en el cuatrienio 2022-2026 se postule un líder capaz de transformar a nuestro sufrido país. Aunque parece ilusión hay que esperar.
Por José Romero Churio