Es muy bueno que se invierta en el campo y concurran el interés y el capital privado y público, pero todo proyecto en el agro debe ser sostenible y debe asegurar primero su comercialización. La normativa constitucional nos dio la forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, enunciado que nos sustrae de la discusión de si la economía del país se rige por las normas del libre mercado o por las del Estado intervencionista, pero que en el plano local hace que se obedezca a la visión de desarrollo que informa a los gobernadores y alcaldes de turno, más que a la tendencia económica impuesta desde una norma.
Ese Estado Social de Derecho no fue óbice para que al tiempo de entrar en vigor la Carta del 91 se sometiera al país a una cruenta apertura económica, y que posteriormente se entrara en una desaforada carrera por lograr la firma de TLCs con las potencias económicas del mundo y la inclusión de Colombia dentro de organizaciones multilaterales de Libre Comercio, generándole dura faena y exposición de alto riesgo a la actividad agropecuaria.
Pero el marco constitucional, la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales han permitido que sus autoridades traten de incidir favorablemente en el desarrollo económico de sus territorios, con acciones que van más allá de la construcción de obras públicas. Le hemos pedido al gobierno departamental que juegue un papel de mayor incidencia en esta generación de ingresos y de empleos, y es el llamado consecuente a los municipios. ¡La crisis de empleo no da espera!
Las entidades pueden invertir recursos de su presupuesto en proyectos económicos y empresariales específicos a desarrollar por particulares, con capacidad de generar directamente puestos de empleo y bienestar social, tal como se anuncia desde Codazzi, donde se pretende reactivar el sector agrícola con base en dos cultivos, algodón y girasol, a partir de la inyección de recursos municipales.
Encontramos ejemplar y válido el esfuerzo de Codazzi en beneficio de un sector que acusa dificultades de acceso al crédito institucional, al que no se le ofrecen adecuados protocolos técnicos de las entidades de investigación y que acusa otras debilidades en medio de una oferta socio-ambiental favorable para el desarrollo de varios renglones agrícolas.
Pero el origen de los recursos a invertir exige que su gasto se haga con transparencia y orden, procurando su eficiencia y eficacia, previendo variables que determinan el éxito de la iniciativa, principalmente la seguridad y confiabilidad de la comercialización de los productos, a efectos de lo cual existen mecanismos institucionales diseñados, como los es la figura de la Agricultura por Contrato.
Bien por las nuevas actividades en la región que se promueven, no tan novedosas porque también existe tradición de los cultivos de ciclo corto como el maíz, el sorgo, el ajonjolí -e incluso del marañón, que ha generado reciente interés-, pero sin la confianza y estructura de la comercialización es mejor no arriesgar.