En una situación sin precedentes el país va a cumplir tres semanas con una parálisis en la rama judicial, desde cuanto hace ya más de diez y siete días Asonal Judicial, sindicato de los empleados de este sector, decidió irse a paro para presionar una nivelación salarial.
El paro viene a agravar una situación que de por si ya era preocupante, como es la congestión y la lentitud que vive la administración de justicia en Colombia. En una situación anormal que ya se ha aceptado como normal.
Durante esos días se han dejado de realizar miles de diligencias de carácter judicial, afectando a miles de ciudadanos, abogados y al mismo Estado, lo que representa un mal precedente para la administración de justicia en el país.
Las razones del paro tienen que ver con varias normas que no se han aplicado, relacionadas con la nivelación de salarios en un sector que, aparentemente, tiene muchos desequilibrios y es bien alta la diferencia entre un Juez de la República, un Magistrado de Tribunal y obviamente los salarios de las altas cortes.
Por supuesto que reconocemos el derecho que le asiste a los empleados a protestar por lo que consideran una injusticia, a pedir mejores salarios y que se reduzca la brecha en el sector.
Pero eso es una cosa y otra, bien distinta, es que por las vías de hecho se afecte el derecho esencial a la administración de justicia, una de las razones de ser del Estado.
Consideramos que ya es hora de que el propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, se ponga al frente del asunto para conminar a los empleados de la rama judicial a volver a sus puestos y reasumir sus labores, para evitar que sigan subiendo los costos del paro que tiene una gran incidencia en la administración de justicia.
Se debe seguir dialogando, pero sólo sobre la base que se reanuden los servicios. Por supuesto, que hay que seguir haciendo todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo; pero debe ser más expedida la claridad sobre el derecho a la huelga en un servicio tan sensible.
La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, debe buscar la mediación de su colega de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, para convencer a los empleados de la rama judicial de volver a la normalidad y seguir conversando sobre una nivelación salarial que tiene un alto costo fiscal, como bien lo han reconocidos los propios sindicatos.
Más allá de los costos económicos, están los costos en términos de institucionalidad y confianza en la justicia, uno de los problemas más serios que tiene el país, y que tiene un efecto duro en las finanzas públicas.
Debe ser expedita la determinación de la legalidad o no del movimiento huelgístico, teniendo en cuenta que la parálisis afecta a miles de personas que, a diario, tienen que hacer múltiples diligencia en los estrados judiciales y – reiteramos- que se trata de un servicio esencial e inherente a la naturaleza del Estado.
Asonal judicial, por su parte, debe ser consciente de que no se puede cumplir de un solo tajo con una nivelación salarial que cuesta miles de millones de pesos y que lo más sensato es hacerlo de manera gradual y sostenible, como lo ha planteado el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Finalmente, además del tema salarial se deberían mirar nuevas metodologías para evaluar a estos empleados y buscar más productividad y eficiencia en un sector tan importante para la buena marcha del Estado y que presta un servicio de un alto impacto social.
Colombia no puede darse el lujo de tener una rama judicial paralizada durante tanto tiempo; llamamos a las partes a la sensatez e insistimos en que se trata de un servicio esencial y el interés general está por encima de cualquier otra consideración.