Todos deseamos un sistema de salud ideal, anhelo inalcanzable, porque los recursos son limitados y las personas enfermas inagotables, algunas con patologías ruinosas; en consecuencia, los sistemas de salud deben ser coherentes con la realidad económica.
Pareciera ser cófrade de los opositores radicales del presidente Petro, no, ya que mi conocimiento y experiencia me exhortan a defender este proyecto de ley conducente a transformar el actual sistema de salud, para que todos los colombianos (especialmente ‘los nadies’, que según Eduardo Galeano, son los despreciados y olvidados por la indiferencia social carente de solidaridad y caridad) tengan acceso oportuno a la atención de la salud que, en 2015, en nuestro país el Congreso de la República la elevó a la categoría de derecho fundamental mediante la ley estatutaria conocida como Ley 1751.
Hagamos remembranzas: uno de los objetivos de la deplorable Ley 100 era, dizque, favorecer a la población más pobre, porque antes la atención de la salud era abierta en todas las instituciones de salud públicas, pero los más beneficiados eran los más ricos; por ejemplo, los gamonales políticos que siempre han sido propietarios de grandes fortunas y quienes nombran a los directores de las instituciones estatales, por sus influencias, sus trabajadores recibían atención gratuita y, prácticamente, la atención de la salud solo la pagaban los pobres, más que todos aquellos carentes de influencias (ajenos del clientelismo politiquero). Con la proterva Ley 100 los más beneficiados son los politiqueros y aquellos que les ayudan a financiar sus campañas proselitistas.
Estos mismos son los fervientes detractores y difamadores de la reforma al sistema de salud que les quita los negociados de las EPS. Ahorro que sirve para la protección social de muchos colombianos.
Desmontar un sistema de salud es tarea muy difícil y mucho más si está plagado de corrupción consentida por todos los actores del sistema, algunos para aumentar sus riquezas, otros para enriquecerse y la mayoría para sobrevivir.
Blindar el dinero de la salud del flagelo de la corrupción es uno de los propósitos de la ministra Carolina Corcho, además erradicar las consecuencias de tal flagelo, tales como la inequidad, la iniquidad y demás exabruptos causados por la falta, no solo de transparencia, sino de inspección, vigilancia y control eficaces propuestos en el proyecto de ley en mención, que lo considero colmado de ecuanimidad para que funcione debidamente.
Fui trabajador y empresario de la salud, también miembro de varias juntas directivas, tanto del sector público como del privado, y sufrí mucho, y confieso que esto fue uno de los tantos factores por los cuales me retiré del ejercicio de la profesión médica, que algunos o muchos lo han considerado como retiro prematuro, sin conocimiento real de las causas de mi retiro. Igual ocurre con la mayoría de los despotricadores del susodicho proyecto de ley, sobre lo cual me atrevo a decir que ni siquiera lo han leído y, sinceramente, siento mucha grima que entre estos despotricadores haya médicos y otros profesionales de la salud que a duras penas trabajan a destajo.
Recuerdo a la ya liquidada Caprecom que, a la mayoría de los profesionales de la salud, principalmente a los especialistas, sus funcionarios no les pagaban los honorarios que ganaban trabajando a destajo. Triste afirmar, que muy pocos demandaron los estipendios correspondientes, incluso yo fui uno de ellos. A estas altura de la vida no me asusta declarar, que cuando era empresario de la salud en más de una ocasión me tocó hacer el papel de Robin Hood, cuando los médicos especialistas no cobraban con tiempo sus honorarios pagados por las EPS, con ese dinero completaba la nómina de la IPS, lo cierto es que algunos especialistas nunca reclamaron sus honorarios y por la crisis financiera la IPS tampoco les pagó. Quien no exige lo que le corresponde no lo necesita, murmuraba yo para consolar el abuso cometido.
Me duele intensamente, que en nuestro país haya médicos especialistas, con más de 20 años de trabajo, y si están jubilados por vejez no cuentan ni recibirán una pensión digna. Y todavía muchas personas, incluso ilustres, tienen la insensatez de alabar el pésimo sistema de salud que tenemos.
Por José Romero Churio