Repasando la columna de opinión ‘El drama de los servidores públicos honestos’ del político e historiador colombiano José Manuel Restrepo, publicada en el año 2014 en el diario El Espectador, me llama la atención que en ella comenta sobre el deber ser del servicio público, el cual es que sea honrado, eficaz y funcional, además resalta que este siempre ha estado ávido de profesionales prestos a contribuir con el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, aseveración que ineludiblemente exhorta a reflexionar acerca de ciertas circunstancias en las que la ética, la objetividad, la imparcialidad, la probidad y el respeto por la ciudadanía por parte de los servidores públicos se ven contaminados por los intereses políticos y económicos connaturales del servir oficial en Colombia.
Entre los principios constitucionales que rigen el ejercicio de las funciones públicas en nuestro país encontramos el de legalidad, el cual ha sido considerado como la racionalización oportuna y justa del ejercicio del poder público, ¿Por qué? Porque es allí donde este derrotero constitucional le arrebata a los servidores públicos todo elemento o factor parcial y discrecional que infecte o distorsione el cumplimiento de las funciones que la Constitución, la Ley y los reglamentos le han asignado, con este principio se busca generar en los asociados un clima de transparencia y sobre todo de seguridad jurídica, por lo menos así debería ser.
Lastimosamente nuestros servidores públicos han olvidado, dolosamente, en mi concepto, el hecho de que nuestra Constitución Política de 1991 establezca que el ejercicio del poder público tiene como razón y motivo sustancial la persecución de los fines del Estado y de nuestra sociedad, de lo que se colige que en ningún momento nuestro régimen constitucional ha propiciado y mucho menos patrocinado la búsqueda de beneficios personales, lo cual alimenta de manera contundente el esqueleto de la corrupción en el país.
Claramente, el Artículo 123 Superior preceptúa que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, fundamento que ha sido alterado por quienes van en busca del lucro personal, vulnerando derechos de primera y segunda generación, también resalta con ahínco que estos ejercerán las funciones que le han sido denotadas, pero aquí, al parecer, esto es considerado letra muerta.
Sí que es decepcionante ver cómo a diario personas que ostentan cargos públicos degradan bochornosamente el servir oficial, degeneración que origina la penosa pérdida de credibilidad por parte de los colombianos en el aparato público.
En Colombia, muchos de nuestros servidores públicos –no todos– carecen de compromiso y responsabilidad político-social, lo cual es indispensable para gestar una estabilidad colectiva integral; aquí necesitamos ciudadanos comprometidos con el desarrollo y el progreso pleno del país, seres dispuestos a trabajar siempre por las sendas de la licitud de modo inexorable.
Sostenía el desaparecido jurista mexicano José Campillo Sainz en su apunte deontológico ‘El decálogo del servidor público’, que valores como la lealtad, la probidad, la veracidad, la eficiencia, la discreción y la imparcialidad son indispensables para desempeñar un impecable y justo servicio oficial. Qué estupendo sería que esto dejara de ser ficción y se materializara prontamente.