La serranía del Perijá es la segunda fábrica natural de agua de la región Caribe colombiana, después de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los ríos que ahí nacen nutren las arterias fluviales de los tres departamentos que cruza (La Guajira, Cesar y Norte de Santander) y en el Cesar alimentan a la Ciénaga de Zapatosa, el cuerpo de agua dulce más extenso de Colombia.
La población de los 36 municipios donde se encuentra la serranía del Perijá es de cerca de 750.000 habitantes, según proyección del DANE a 2015. La mitad de su población son personas que están en edad de trabajar y producir (entre 20 y 64 años), el 43% son jóvenes menores de veinte años y el 7% restante son mayores de 64 años. Esto determina una mayor oferta laboral y la necesidad de demanda por servicios de educación, salud, recreación y vivienda.
En la serranía del Perijá se encuentran ocho resguardos que favorecen a los indígenas yuko-yupkas y los barís, etnias que están casi extinguidas. Los yuko-yukpas hoy día están localizados al noroccidente del departamento del Cesar, en los municipios del Agustín Codazzi y Becerril. Los barís en la actualidad habitan una región de bosque húmedo tropical, en la hoya del río Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Esos resguardos facilitan la función social y ecológica de la propiedad de las comunidades y la preservación del grupo étnico.
El capital humano, considerado como la inversión en educación, las aptitudes adquiridas con los programas de aprendizaje y la salud de la fuerza laboral, es factor clave para potenciar las capacidades humanas, aumentar la productividad, lograr la prosperidad y el bienestar de las personas.
En la subregión de la serranía del Perijá y, en general en Colombia, se han hecho inversiones en recursos físicos y humanos por mejorar la cobertura, eficiencia y eficacia de la educación pero los progresos han sido insuficientes, como lo muestran la evolución de los indicadores de analfabetismo, años promedio de educación, matrículas y logros alcanzados en calidad.
La tasa de analfabetismo en la serranía del Perijá en la población mayor de 15 años, según el último Censo General en 2005, era del 24% el triple de la de Colombia. En 2014, el tercer Censo Nacional Agropecuario (3er CNA) registró que el 23% de los mayores de 15 años, residentes en las áreas rurales, no sabían leer ni escribir español, y dentro de los residentes en territorios étnicos el 27% eran analfabetas.
Otro indicador para medir capital humano es la escolaridad promedio en los mayores de 15 años, que en la población de la serranía del Perijá pasó de 5,5 a 6,6 el número de años aprobados, entre 1993 y 2005. Esto es, se necesitaron 12 años para un aumento de 1,1 puntos de dicho promedio. En Colombia en igual periodo pasó de 5,1 a 8,3 y en 2013 subió a 9,1, ubicándose en el promedio latinoamericano, donde Chile muestra el mejor indicador con 11,6, según la Cepal.
La cobertura en educación en la serranía pasó de 93% a 108% entre 2005 y 2013, a pesar de este aumento, los recursos físicos y humanos para atender la educación media apenas llegaron al 55%, al 87% de la educación secundaria y al 47% de la preescolar. Solo en la educación primaria la oferta superó el 100%.
En 2016, la calidad de la educación media evaluada a través de la prueba Saber 11, que realizan los estudiantes de grado once, el puntaje promedios de colegios de la serranía fue de 49 en lectura crítica y de 47 en matemáticas, en una escala de 0 a 100. El promedio nacional fue de 51 y 49, respectivamente. Es decir, que a duras penas superaron las preguntas de menor complejidad.
En el país y en la subregión del Perijá se ha logrado avances en la cobertura en los servicios de salud. Entre 2008 y 2015 el número de afiliados al servicio de salud en los municipios que la conforman se incrementó en cerca de 150.000 personas. El mayor crecimiento se observó en los municipios pertenecientes al departamento del Cesar.
Las causas de muerte más frecuentes tanto para la subregión como para el país fueron las enfermedades no transmisibles, que padecen personas mayores de 65 años, atribuidas a enfermedades del corazón, respiratorias, cerebrovasculares y diabetes. Estas enfermedades pueden ocasionarse por el envejecimiento o modos de vida poco saludables de las personas, como las dietas malsanas, el consumo de alcohol y tabaco, entre otros. En la serranía el segundo mayor porcentaje son las muertes por lesiones, violencia y accidentes, gran parte de las cuales fueron sufridas por personas entre 15 y 64 años edad.
Acorde con el índice de pobreza multidimensional de 2005, el 75% de los habitantes de la serranía son pobres, siendo mayor el porcentaje de los que viven en la zona rural (91%), frente a los de la zona urbana (73%). Entre los cinco factores que más incidieron en las condiciones de pobreza en la serranía, dos están relacionados con el trabajo (informalidad y dependencia económica), dos con las condiciones educativas (bajo logro educativo y analfabetismo) y uno con salud (aseguramiento).
En 2014, el 3er CNA encontró que de las viviendas ubicadas en la zona rural, y ocupadas con personas, el 67% tenía energía eléctrica, el 12% acueducto, el 3% alcantarillado y el 33% no tenía acceso a ningún servicio público. Todas estas coberturas de servicios básicos son inferiores comparados con el promedio nacional.
La Serranía del Perijá tiene diversos climas y está dotada de tierras y recursos acuíferos para el desarrollo de actividades agropecuarias, mineras y agroindustria, aunque su mayor vocación es para la conservación y la protección de bosques naturales, la flora y la fauna que los habitan.
Entre las actividades económicas se destacan: los cultivos permanentes de palma de aceite, café, cacao; los cultivos transitorios de maíz, arroz, frijol, cebolla de bulbo y algodón; la ganadería bovina extensiva; y la minería de carbón.
Según el 3er CNA, los municipios de la serranía del Perijá tienen 2.352.053 hectáreas (ha) de suelo rural, de los cuales el 50,4% son de uso predominantemente pecuario, el 35,0% están dedicados a la agricultura y el 14,6% son bosques naturales. Se censaron 36.874 unidades productoras agropecuarias (UPA), de las cuales el 24,5% tenía acceso a maquinaria para el desarrollo de la actividad agropecuaria, el 23,2% contaba con construcciones productivas; solo el 10% recibió asistencia para buenas prácticas agrícolas, pecuarias o ambiental y al 12,6% le aprobaron un crédito.
La extracción de carbón al aire libre se realiza en el Cesar y La Guajira que en conjunto aportan el 84% de las reservas medidas del país, que ascendían a 6.668 millones de toneladas (MT), cuya tasa de explotación anual (70.000 miles de toneladas) aseguraba más de 100 años de producción, según informe del Ministerio de Minas del 2011.
Entre 2000 y 2014, Los cinco municipios de la serranía del Perijá recibieron regalías por valor de 1.7 billones de pesos corrientes, según las operaciones de caja de los municipios. La Jagua de Ibirico fue la mayor beneficiaria con el 43,0% de dicha suma, seguida de Chiriguaná (28,3%), Barrancas (21,1%), Becerril (6,4%) y Agustín Codazzi (1,1%). En este último municipio la explotación minera se inició en 2009.
Cabe resaltar que la actividad carbonífera se realiza a través de una economía de enclave, donde los bienes y servicios que demanda no son producidos ni ofertados por empresas de la región, lo que conlleva a que estas oportunidades las aprovechen otras regiones del país, que cuentan con la infraestructura productiva pertinente. Por otra parte, subsisten problemas ambientales por la calidad del aire y sociales como la prostitución y la delincuencia, entre otros.
Las declaratorias de reservas forestales de la zona montañosa de la serranía del Perijá montañosa han frenado el incremento de la frontera agropecuaria. Sin embargo, no han sido suficientes para garantizar la estabilidad y permanencia de las fuentes de agua, ni del bosque nativo, los cuales son amenazados por nuevas actividades productivas que desconocen las normas de protección al medio natural.
Expertos han propuestos planes de acción para restaurar los ecosistemas degradados en la alta montaña de la serranía del Perijá. Para la recuperación de los suelo por el mal uso: seleccionar especies que formen matorrales altos que se adapten a las condiciones medioambientales de páramos y superen la simple formación de pastizales; e instalar un sistema silvopastoril integrado con coberturas vegetales de porte arbóreo que incorpore nitrógeno y otros nutrientes al suelo, aumente la oferta de hábitat de la fauna y genere beneficios económicos de la obtención de postes y leña.
Para mejorar las áreas degradas por la ganadería extensiva y cultivos ilícitos: restaurar áreas afectadas por las quemas con especies nativas; incrementar el tiempo de los turnos de las cosechas, haciendo rotaciones de cultivos transitorios, tales como, hortalizas, curuba, lulo, fresa, mora, uchuva, combinados con cultivos de árboles frutales (freijoa, tomate de árbol y durazno) y maderables en combinación de ganadería en establos, gallinas y curies, entre otros. Esto brinda otras alternativas de ingresos a las comunidades locales y evita el desmonte de los bosques.
Por su parte, un estudio del Banco Mundial de 2007 expone que el futuro de las actividades agrícolas está intrínsecamente ligado a una mejor custodia de los recursos naturales. Por lo tanto, las inversiones y los incentivos a los servicios ambientales se deben aprovechar para la protección de las cuencas hidrográficas y la diversidad biológica, algunos herramientas empleadas son: 1) poner en marcha los planes de reforestación; 2) evitar que en las áreas sensibles o críticas se desarrollen actividades de transporte, energía y minería; 3) establecer un plan de gestión ambiental donde intervengan el nivel nacional, subnacional y la comunidad; 4) brindar asistencia técnica o capacitación en las actividades económicas (agricultura, pesca y silvicultura) que se desarrollen en la zona; y 5) monitoreo de los impactos y progresos a esas actividades.
Las posibilidades de crecimiento de la producción agrícola dependen de la disponibilidad de la vocación del suelo, de la mano de obra capacitada y disponible y de la inversión e incentivos para el fortalecimiento de los sistemas productivos que sean generadores empleo y protejan el medio ambiente. Para que esto se logre se requiere mayor apoyo de las inversiones públicas de largo plazo en bienes públicos como la infraestructura vial, mejorar las políticas de acceso a la tierra y reforzar la innovación agrícola con la generación de conocimiento y transferencia de tecnología.
María Aguilera Díaz
Jefe regional de Estudios Económicos del Banco de la República
