Esta semana Ken Ahs, Director de Comercio y Agricultura de la OCDE y el economista y Premio Nobel de la Paz, Mohammad Yunus, estuvieron en Colombia y plantearon algunas recomendaciones sobre la orientación de nuestra política agraria.
Respecto al estudio presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), observamos que tanto el diagnostico como las recomendaciones planteadas, coinciden con las propuestas que varios gremios de la producción agropecuaria y empresarios del país, han expresado desde hace un par de décadas. El documento de Misión Rural, liderado por el ex ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, también va en la misma dirección.
Si todos los estudios coinciden en que el Estado debe reorientar su política de inversión pública en infraestructura de transporte, manejo hídrico, uso del suelo, educación, investigación y desarrollo, sistemas de inocuidad alimentaria y servicios de extensión y asistencia técnica, ¿porqué no lo hemos hecho? Me atrevería a decir, que es por pura falta de voluntad política. No hay derecho pues, que el Congreso de la República desaproveche la oportunidad histórica que tiene de reformar el marco institucional para la política agrícola, otorgándole unas facultades al Presidente de la República, para que a través del Plan Nacional de Desarrollo, pueda derogar y/o modificar algunas leyes obsoletas que obstruyen el crecimiento y la productividad del agro en el país.
Es a través de este mandato, que se podría modificar el inoperante e ineficiente servicio de asistencia técnica que prestan las Umatas municipales; implementar las escuelas de emprendimiento rural; crear una entidad que ejecute eficientemente las inversiones en presas, canales y distritos de riego; instituir el POT rural, como una herramienta básica de planificación del uso del suelo, para determinar las zonas de explotación agrícola por municipio y los períodos ideales de siembras según el riesgo climático; mejorar el sistema de financiamiento agrícola y los sistemas de control fitosanitario, investigación y transferencia de tecnología; establecer una tarifa de energía rural diferencial e incentivar el acceso a la explotación productiva en terrenos baldíos del Estado.
Si a lo anterior, le agregamos un esquema asociativo entre industriales y productores, lo que Muhammad Yunus llama la teoría económica del “negocio social”, estaremos dando un gran salto a la productividad y rentabilidad de los negocios agrícolas y eliminando de raíz los problemas de ineficiencia, atraso y pobreza rural. El negocio social que esta semana lanzaron la multinacional McCain Foods y Yunus, con unos pequeños productores de papas en Cundinamarca, es otro más, de muchos que se han desarrollado en nuestro país entre pequeños campesinos e industriales de sectores como de la palma de aceite, cacao, ají, caprinos, forestales y frutales. Los campesinos aportan la tierra y la mano de obra, el Gobierno garantiza la financiación para la preparación del terreno, la compra de semilla y fertilizantes, y los industriales garantizan la asistencia técnica y la compra de la cosecha a precio de mercado. Un gana, gana.
Señores Congresistas, queda en sus manos, el futuro del agro de Colombia.
En el tintero: Los 36 ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta y que abastecen los acueductos de 21 municipios de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, se están secando. A los gobiernos locales les cabe gran responsabilidad por no tener planes de inversión para controlar la deforestación y sembrar arboles protectores. ¿Donde está la Procuraduría?