La ley 78, dada a partir del 30 de diciembre de 1986 inició el proceso de elección de los alcaldes por voto popular.
Desde entonces lo que en principio se hacía por designación comenzó a darse con una participación y responsabilidad más del pueblo.
Los candidatos, unos políticos y otros no, comenzaron a desarrollar campañas en torno a un nombre, sus capacidades y condiciones intelectuales que los hiciera atractivos ante el pueblo que al final depositaria en el que fuese escogido, toda su confianza.
Es decir, haciendo uso de la democracia participativa que no es otra cosa que el gobierno del pueblo para el pueblo: “En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes”. Lo clásico en la definición de democracia.
La ley con sus modificaciones posteriores es clara, y determina los procesos a los cuales tiene que acudir cada candidato para llevar propuestas al pueblo y que sean ellos los que decidan en quién depositarán esa confianza.
Hasta ahí, todo está claro, un proceso que en papel se recibe de manera especial, pues al papel todo le cabe.
¿Qué ha pasado con el ejercicio? Pues que las cosas fueron cambiando, y esa política sana en la que debe primar el respeto, la mesura, y transparencia se vino al traste.
Lejos de avanzar en los procesos éticos cada campaña, y desde luego con el beneplácito del propio candidato, las injurias están a pedir de boca, convierten estos modelos nefastos en la bandera de trabajo.
Más allá de empeñarse en trabajar con ideologías, propuestas y proyectos que dinamicen el desarrollo de la comunidad se encargan de denigrar del otro. Acabarlo y sacarlo del camino de la manera que sea.
La fiesta de los millones, las bodegas que se crean para esconderse detrás de un perfil falso y poder, a sus anchas, decir lo que de manera directa no son capaces; hacen de esto la principal contratación para acabar moralmente, al contrario.
Eso es ruin, y desde luego que nos pone a dudar. ¿Cuál sería el resultado de una administración que basó su campaña en oscuros procesos? Nada bueno podemos esperar de un candidato con estas características.
El obispo de Valledupar, representando a la iglesia, se ha preocupado siempre por darle a los procesos de campaña y elección popular un matiz de transparencia, cordialidad y acatamiento. Los representantes de los gremios, también hacen lo propio.
El Colegio Nacional de Periodistas CNP, sus asociados y la presidente de la seccional Cesar, María Eloísa Araujo hacen un llamado directo a los candidatos para que actúen en el orden con decoro y respeto.
Este espacio, hoy, es para regalar un consejo a los políticos; no se olviden señores candidatos que cada cosa dicha, que cada mala acción es sabida su procedencia: pueblo chico, infierno grande.
Actúen con decencia, hagan uso de las buenas acciones, contraten asesores de altura que los ponga en sintonía con la calidad profesional y más allá, de manera especial, en la esencia humana.
Pensar en la gente y en el beneficio común, no en el particular, de eso se trata el servicio.
Hagan de la política una profesión digna, no una salida al ‘no hay más nada que hacer’. Sólo eso.
Por Eduardo Santos Ortega Vergara