El Gobierno tenía la obligación de informar objetivamente sobre los acuerdos, de manera que los ciudadanos pudiesen tomar una decisión consciente en el plebiscito. Sin pudor, convirtió esa tarea en propaganda pura y dura y, además, engañosa.
Un ejemplo es la cuña relacionada con los cultivos ilícitos. Dice que lo pactado traerá la desaparición, por fin, de los narcocultivos. Nada más falso. En realidad será al revés.
Empecemos por recordar que el informe del SIMCI de Naciones Unidas registraba un aumento del 39 % solo en el 2015, doblándose en apenas dos años. Los datos de la evaluación de la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca son similares en términos porcentuales (42 % de aumento), pero registran en números absolutos aún más hectáreas de coca: 159.000 hectáreas. Para todos los efectos, a 31 de diciembre del año pasado teníamos el mismo número de hectáreas que en el 2002. Quince años de lucha contra los narcocultivos perdidos. Un 150 % más que a fines del gobierno de Uribe.
Las causas son múltiples pero dos son los factores predominantes: la suspensión de la aspersión aérea y los beneficios pactados en los acuerdos para los narcocultivadores. Por un lado, se perdió la presión que la fumigación significaba por el riesgo de perder lo cultivado y, por el otro, se incentivó a los campesinos a cultivar coca para beneficiarse de las prerrogativas acordadas en La Habana.
Para rematar, los pactos de La Habana establecen que la erradicación de cultivos debe hacerse mediante acuerdos con las comunidades, de forma manual y voluntaria. El Acuerdo dice que se “promoverá la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos”, que esa “sustitución voluntaria es un principio fundamental”, que “un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos ilícitos se encuentra en el carácter voluntario y concertado, y por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos ilícitos”, y que “el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades”.
¿Cuál cultivo lícito puede competir con la coca y el dólar a tres mil pesos? Ninguno. Las negociaciones con las comunidades y los campesinos narcocultivadores serán imposibles y eternas. Mientras tanto, nos inundaremos aún más de coca.
“La mayor amenaza para los beneficios de la paz en Colombia es el riesgo de la violencia y las violaciones a los derechos humanos que se generarán por la lucha por controlar el cultivo ilícito de coca y la minería ilegal, tras la desmovilización de soldados”, dijo el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein. También en materia de narcotráfico el Acuerdo con las Farc es la semilla de nuevas violencias.
Por Rafael Nieto Loaiza