Iba a escribir sobre el balance de gestión de los tres ministros de Agricultura del cuatrienio (Restrepo, Estupiñan y Lizarralde), pero un artículo sobre los seguros agrarios en el periódico Portafolio, me llevó a cambiar de tema.
En dicha nota periodística, el presidente de Conalgodon, Cesar Pardo (el del billón de pesos del pacto agrario), resolvió de manera irresponsable echarle la culpa a unas compañías de seguros por no expedir unas pólizas en pleno riesgo catastrófico. Es como solicitar un seguro de vida para alguien que planea suicidarse. Lo que debió hacer este dirigente gremial hace rato, fue haber firmado un convenio de una póliza colectiva para reducir los costos de las primas, la incertidumbre de sus agremiados y garantizar la estabilidad de sus ingresos. Ya ven porqué surgieron las dignidades agropecuarias.
El seguro agrario en Colombia no ha logrado grandes coberturas porque simple y llanamente está mal concebido. Según las cifras del gremio asegurador, de 3.9 millones de hectáreas que se cultivan en el país, tan solo hay aseguradas unas 62.000 hectáreas. Es decir, solo hemos logrado una cobertura del 1.5% de los cultivos en Colombia.
En un país como el nuestro, donde la agricultura y la ganadería están expuestas con relativa frecuencia a los riesgos climatológicos y, en general, a los fenómenos de naturaleza catastrófica, hace falta un sistema de seguros agrarios “bien desarrollado” que haga frente a estas situaciones para que nuestros productores del campo no vean afectados sus ingresos e incluso, no se vean obligados a abandonar su actividad productiva.
Para perfeccionar este sistema de garantías, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá trabajar de manera conjunta con la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y el sector productor en las tareas de diseño, tutela y fomento del sistema asegurador. Para empezar, es urgente recoger en un solo texto la cantidad de leyes y decretos sobre la materia y diseñar una legislación acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las encontradas por el legislador en 1.993, cuando se expidió la legislación actual.
Otra directriz importante es la centralización de la política de seguros agrarios en el Ministerio de Agricultura, su implementación en una Comisión de Seguros Agrarios y la administración a través de un sistema de coaseguros que agrupe a las compañías aseguradoras interesadas en el ramo.
Dada la naturaleza de los riesgos que son necesarios garantizar, el seguro agrario tiene costos elevados, por lo que la intervención del Estado es necesaria para que, a través de los subsidios a la prima, se pueda acercar la oferta y la demanda. Es mas eficaz y eficiente, desde el punto de vista económico, la participación financiera del Estado a través de los subsidios al costo de los seguros contratados previamente por los agricultores y ganaderos, que mediante mecanismos de ayudas publicas “ex-post”.
Por último, el ministerio de Agricultura deberá contratar los estudios de actualización de los mapas de riesgo climáticos por cultivos y por regiones para poder establecer con mayor certeza las tarifas por zonas para cada línea de seguro y para cubrir nuevos riesgos y nuevas producciones.
La experiencia nos pone de manifiesto que en los países en los que existen estos esquemas, las aseguradoras son capaces de ofrecer a los ganaderos y agricultores coberturas multiriesgo, seguros de rendimientos y de ingresos. Y señor Pardo, no siga buscando la fiebre, en la sábana ajena.
Por Indalecio Dangond