Nuevamente el tema de la seguridad vuelve a ser el número uno en la agenda de los cesarenses y guajiros. Apenas concluyó un Consejo de Seguridad presidido por el Ministro de la Defensa en el Grupo Rondón, en Buenavista, La Guajira, las FARC volvieron a realizar acciones aisladas en Casacará, cerca de Becerril, con el fin de opacar las conclusiones de la reunión del sábado pasado.
Sin duda el ambiente estaba enrarecido: agricultores y ganaderos venían hablando en privado, discretamente, del fenómeno de la extorsión y también de la aparición de algunos hechos violentos, presumiblemente generado por la extrema izquierda y de todas formas cultivado en una problemática social compleja.
A las voces solitarias del Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, y del Presidente de Fenalco, Eloy Durán, se le suma ahora –públicamente- la de otros dirigentes gremiales, principalmente del sector agropecuario, que han vivido en carne propia los distintos tipos de violencia que han azotado nuestro territorio y que temen, con toda la razón, que la historia se vuelva a repetir.
Sea el momento de reconocer la valentía de José Luis Urón Márquez, quien desde hace meses ha venido insistiendo en un diagnóstico preocupante sobre la situación de orden público en el Cesar y Valledupar, como lo publicó en este diario hace algunas semanas, alimentada por el tema de los desmovilizados, el narcotráfico, el microtráfico y el contrabando de combustibles, el desempleo y la pobreza, principalmente. Urón planteó este tema, oportunamente, desde los debates con los candidatos a la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, y ha sido vertical y corajudo en insistir en el tema ante los gobiernos locales y el mismo gobierno nacional, como lo hizo ante el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el sábado pasado.
El Presidente Santos tiene que mantener lo conseguido durante el gobierno de Uribe Vélez, del cual él hizo parte y contribuyó con el éxito de la política de seguridad democrática. Es importante la moral y la actitud de la tropa, muchas veces afectada por el llamado “síndrome de la Procuraduría”, en alusión al órgano de control disciplinario y al temor a las ONG defensoras de los derechos humanos. Pero la acción de la fuerza pública tiene que ser efectiva y persuasiva, con respeto y aplicación de la Constitución y la Ley.
Estamos hablando de un tema muy delicado y muy sensible, que depende de una buena articulación de políticas del gobierno nacional y los gobiernos territoriales, y de la actitud y operatividad de Ejército y de la Policía Nacional; pero que no pueden depender de una sola persona, sino de políticas de Estado y de instituciones, constitucional y legalmente conformadas para ello: garantizar a los ciudadanos su vida, honra y bienes.
Acompañamos la petición de los gremios económicos y de la comunidad cesarense, incluyendo una comunicación directa al Presidente Santos. Esta región del país, reiteramos, merece una atención especial por su situación social y su posición geográfica, zona de frontera y de paso de armas, drogas, combustibles y mucho dinero, y por eso el accionar de las bandas criminales y de reductos de la guerrilla y las mismas autodefensas. La lucha contra todos estos flagelos debe ser integral, sistemática y constante y debe contar con el apoyo de la población civil, con el debido sigilo y discreción. Sin seguridad no habrá inversión y sin esta no hay desarrollo. Así de claro y así de sencillo, señor Presidente Santos.