Aunque la duración del contrato para la revisión parcial, ajuste y modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial de Valledupar, POT, que ejecuta la Universidad del Magdalena era de 5 meses (de agosto a diciembre de 2022), con la nueva prórroga completará un año y un mes.
La contratista solicitó una segunda adición de tiempo y la Alcaldía de Valledupar la concedió por seis meses, es decir, hasta septiembre, a pesar que en el informe de la supervisión registran un 80 % de avance.
Es preciso mencionar que la entidad educativa tuvo los tres primeros meses del 2023 adicionales, puesto que, según indicaron, no pudieron culminar las actividades por la temporada de lluvias.
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¿POR QUÉ EL NUEVO RETRASO?
La Unimag expuso 4 razones por las cuales no pudo culminar todos los productos que establece el contrato en el plazo estipulado, una de esas es que “el cabildo gobernador kankuamo, Jaime Luis Arias, se opuso a la realización de las mesas de participación ciudadana, alegando que se quiere el trámite de consulta previa”.
Esas mesas estaban programadas en los corregimientos Atánquez, Chemesquemena, Los Haticos, Guatapurí, Sabana Crespo y Azúcar Buena.
“La oposición afecta directamente la consolidación de la información en dichos territorios en aspectos como riesgos, vivienda, población, diagnóstico y formulación de la modificación excepcional del POT”, reportó la contratista, la cual refutó el procedimiento de consulta.
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No obstante, la Universidad dejó por escrito que solicitaría el concepto del Ministerio del Interior para poder realizar los diálogos participativos en dichos territorios. EL PILÓN intentó establecer comunicación con el director de la revisión, Jaime Morón, pero el funcionario no atendió el llamado por tener una agenda “muy apretada”.
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA SIERRA NEVADA
Otro de los argumentos de la institución fue la ampliación del área de reserva del Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta al cual pertenece el 17 % del municipio de Valledupar.
“Con la mencionada ampliación de las zonas de protección ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se afectó la consolidación final de varios de los productos a entregar, entre ellos, los estudios de diagnósticos (cartografía), especialmente los que se refieren a las determinantes ambientales, ya que esta expansión cambia la superposición de dicha zona de 35.645 a 71.581 hectáreas”, se lee en el documento.
Por tanto, para la ejecución de la revisión, la universidad tendrá que hacer un análisis “minucioso en la cartografía” sobre la dimensiones ambientales y otras actualizaciones frente al nuevo referente nacional.
OTRAS RAZONES
Las dos últimas razones que reposan en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop 2 ) tienen que ver con la puesta en marcha de la doble calzada Valledupar-Bosconia y la reorganización de la estrategia de participación ciudadana.
El equipo de supervisión que recibió estas justificaciones está conformado por el abogado Mario Marengo, la arquitecta María Palmera, la economista Milceth Mendoza, la abogada Kathy González, el ingeniero Jhan Pérez y la asistente administrativa Andrea Manjarrez.
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LA VEEDURÍA DEL CONTRATO
La veeduría ciudadana de este contrato interadministrativo manifestó que “La estrategia de comunicaciones del proceso de revisión del POT no funcionó. No es posible conocer los avances ni en página web, ni en medios digitales, mucho menos en programas de radio o entrevistas en prensa por parte de la universidad o de la Alcaldía”.
Uno de los veedores expresó a esta casa editorial que “tampoco se conocen las implicaciones resultantes de cada estudio en los ajustes que se incorporaron al proyecto de acuerdo de revisión del POT”.
También cuestionó si la Universidad solicitará el desembolso del otro 50% de los recursos del proyecto, es decir, $1.500 millones restantes para culminar las actividades y productos, teniendo en cuenta que esa misma cifra fue dada de manera anticipada.
Lea el documento de la prórroga.
Por Redacción EL PILÓN.