En el municipio de La Jagua de Ibirico, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, desarrolló una mesa de trabajo con la empresa Drummond, la Administración Municipal, concejales y algunos miembros de la comunidad, con el fin de hacerle seguimiento a la licencia otorgada por Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la desviación del arroyo San Antonio.
Esta situación que favorece a las explotaciones mineras, ha generado polémica y ha sido criticada por los posibles impactos que generarían al medio ambiente, razón por la que Corpocesar se puso al frente con el fin de aclarar lo que realmente implicará.
“Lamentamos que la comunidad que tanto se ha quejado por la intervención del San Antonio no asistió a la convocatoria, donde realizamos una mesa de trabajo y se dejó claro que lo que se va a realizar en el arroyo no va a afectar a ninguna de las comunidades cercanas al afluente”, expresó Kaleb Villalobos Brochel, director de Corpocesar.
El funcionario explicó que de acuerdo a cómo están los diseños de ingeniería, el proyecto no va a generar mayores impactos ambientales, sin embargo, habrá algunas afectaciones en los bosques secos tropicales, por lo que la empresa minera trabaja en acciones de compensación para conservar la cuenca alta del río San Antonio que presenta cierto grado de erosión.
En esta reunión se pactaron varios compromisos, entre ellos figura que la multinacional no afectará el cauce para que no pierda el caudal como consecuencia de la intervención, y en dado caso que esto suceda, Drummond inyectará agua al San Antonio como una de las medidas compensatorias que regulará el caudal hidrológico, el líquido llegaría proveniente del embalse El Paujil, construido por la empresa minera y que tiene un almacenamiento de aproximadamente 10 millones de litros de agua.
Andreina Bandera / EL PILÓN
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