Continuando con el seguimiento de la audiencia presencial, con conexión virtual, de la Cámara de Representantes en La Jagua de Ibirico, sobre la que nos expresamos ayer, específicamente sobre la situación actual y futuro de la población de Boquerón, no dejaremos pasar unos aspectos tratados en la sesión. Son como 4 los ejes principales abordados: la de exigir a las empresas mineras las compensaciones ambientales, y el seguimiento a los planes de manejo de las empresas mineras; la empleabilidad, los reasentamientos y el asunto de la renuncia de Prodeco a los 5 contratos de concesión mineras en los proyectos de La Jagua y Calenturitas.
La audiencia exhibió una ya tradicional posición de la dirigencia política del departamento, afincada en la Gobernación, los congresistas y diputados, entrando en un proceso de agitación de cara a las próximas elecciones. La mayor preocupación viene por el lado de la generación de empleos. El foro lo abrió de manera virtual el gobernador señalando que las empresas no habían sido buenas aliadas y no generaban los empleos necesarios, mensaje que se repitió a lo largo del encuentro.
Es la paradoja medular de la actividad minera en el departamento. Se ataca a la empresa minera, se le cuestiona por todos los aspectos, pero al mismo tiempo se le exige una oportunidad de empleo. Para revisión de esa participación de empleos locales, y de proveedores, el Viceministerio de Minas y la ANM se comprometieron.
Le correspondió al alcalde de La Jagua, Ovelio Jiménez -los otros alcaldes no se hicieron presentes- afirmar con pragmatismo que la salida de Prodeco representaba una pérdida inmensa en empleos, actividad comercial, impuesto de industria y comercio y regalías. Mostró su ansiedad por una solución entre la Agencia Nacional Minera y la compañía, o la definición de si se van a operar, y cómo, los activos mineros de su jurisdicción. Por la incertidumbre lo que le queda a La Jagua, manifestó, son los 500 empleos de los 5.000 trabajos que genera Drummond. Y, como era previsible, se refirió al tema de Boquerón.
El otro reclamo tiene que ver con las compensaciones mineras. Se presentaron un número de resoluciones de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a Drummond, Prodeco- CDJ y CNR, que no se han cumplido o que apenas están iniciando ejecución. De ahí surgió la tarea a cargo de la ANLA de programar unas reuniones de verificación del estado de avance de esos compromisos, principalmente de reforestar y proteger los bosques en la zona de cabecera de los ríos.
La dirigencia política del Cesar poco se mira a sí misma y no asume las responsabilidades en el uso inapropiado de los recursos de regalías derivados de la actividad minera. Son los grandes responsables de la destinación, contratación, interventoría y puesta en servicio de las obras y servicios. Aunque el citante Cristian Moreno, en gesto de reconocimiento, hizo ver que la situación de pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, en los municipios mineros no había cambiado positivamente no obstante la destinación de las regalías, y que municipios no mineros registraban mejores indicadores.