Los cesarenses somos víctimas de nuestras acciones y decisiones. Por cultura y condiciones socioeconómicas, en el departamento han surgido y crecido economías ilegales e informales en el transporte público que a pesar de varios intentos de los gobernantes (algunos sin mucha determinación) no hemos podido erradicar.
El más popular y masivo es el mototaxismo. Un transporte ilegal que afecta principalmente a Valledupar y Aguachica, los dos territorios con mayor población, pero que también ha crecido en los otros 23 municipios del departamento.
Además de su agilidad, ha sido imposible controlarlo porque representa una alternativa de empleo para muchas personas (principalmente hombres) que no tienen más opciones. Sin embargo, la competencia desleal promovida por la piratería ha quebrado a las empresas públicas de transporte de Valledupar y Aguachica. La capital del departamento no cuenta con un sistema de transporte público eficiente porque las motos coparon el mercado. Mientras que en Aguachica desde hace diez años no hay rutas de transporte porque, además del mal estado de las calles, los ‘piratas’ mandan la parada.
Se está perdiendo la lucha contra la ilegalidad. No se dice que ya se perdió porque siempre se puede hacer algo. Justo, en medio de las elecciones presidenciales que se acercan, un precandidato propuso legalizar este transporte. La idea en su naturaleza es polémica porque la ley califica de ilegal este uso de las motos.
“Los mototaxis hay que integrarlos al sistema legal de transporte de Colombia. Es necesario legalizar y regular el mototaxismo. Y ayudar para que evolucionen a un servicio más seguro y con más garantías para el usuario y el mototaxista. Debe expedirse una norma, o una ley, para que los mototaxistas se asocien en cooperativas y se les regule con seguros que protejan al usuario y al conductor”: propuso Luis Pérez, exalcalde de Medellín. ¿Populismo o creatividad?
No podemos olvidarnos de los carros de mulas, esos improvisados transportes de carga en los que utilizan (maltratan) a los caballos como ‘motores’ de los carros. Aunque una ley prohibió este transporte, ha sido imposible erradicar esta práctica que violenta la integridad de los caballos. En Valledupar lo intentamos, sin embargo fracasamos al punto que con la llegada de migrantes y el aumento del desempleo se incrementó el número de personas que explotan a estos animales.
Ojalá en el municipio de La Jagua de Ibirico logren legalizar a esas 20 familias que aún se dedican al transporte de carga ilegal y los animales puedan descansar.
Ahora, se podrá decir que esos servicios responden a necesidades vitales como el de transportarse o resolver los acarreos o la evacuación de las basuras y podas de los árboles, pero se presentan al margen, sí, adonde no llega un servicio de transporte público, como el que ansían los vallenatos desde que se creó el SIVA, ni el servicio que el municipio hace del aseo a través del contratista Interaseo. Pero que presten un servicio por su naturaleza residual no quiere decir que se permita su preeminencia.