Cambio ministerial frustró iniciativa
Ya cuando casi culmina el mes de septiembre, en el que se esperaban comenzaran a llegar cerca de 10 millones de galones de gasolina legal desde Venezuela al departamento del Cesar, también se esfuma el sueño de los vendedores legales de combustible y de las autoridades locales, que están con los ‘crespos hechos’ ante el anuncio que hizo en el mes de mayo el entonces Ministro de Minas, Mauricio Cárdenas.
Para este año se esperaba el fin del ‘negoción’ de la gasolina ilegal la cual se vende por todos los municipios del norte del Cesar y las calles de Valledupar en pimpinas; sin embargo, la esperanza de los distribuidores minoristas fue mermando con el pasar de los meses en los quedó el sinsabor de que el acuerdo además de haber sido verbal en el marco de un encuentro binacional, no llegó a cristalizarse con la salida del titular de la cartera de Minas, Cárdenas Santamaría, que ahora es el zar de las finanzas públicas.
Para el senador cesarense, Félix Valera, el cambio ministerial no debe alterar la agenda prioritaria de los compromisos del gobierno y por eso se concertará una reunión con nuevo líder del Ministerio de Minas, Federico Rengifo.
Gestión desde el Congreso
“Respetamos la decisión de que el presidente Santos, haya cambiado al ministro de Minas y lo pusiera en una cartera importante como la de Hacienda, nosotros hemos venido construyendo algunas relaciones con el gobierno al respecto del trafico de combustible ilegal, frente a eso hay una decisión de gobierno que no obedece a intereses personales, considero que independientemente del cambio de ministro, vamos a seguir conversando, el próximo lunes vamos a hablar con el doctor Rengifo a quien vamos a poner al día de los compromisos que había asumido el ministro Cárdenas, con este departamento y con La Guajira, sobre el tema del tráfico y sobre la necesidad de que Venezuela nos suministre ese combustible”, explicó el Senador.
Sin embargo, pese al sentir del parlamentario, el optimismo ya está perdido entre quienes ejercen esta actividad legalmente en el departamento y las autoridades que están en el ‘ojo del huracán’ como el alcalde de La Paz, Wilson Rincón, ya que en ese municipio, quien no vende almojábanas vende gasolina y en las vías de acceso a la población hay un ‘pimpinero’ cada tres o cuatro casas, a veces, a menos distancia.
“Hoy ese anuncio quedó ahí, en el tapete, no se cristalizó, eso no tiene ningún fondo ni forma, aquí lo que se está haciendo es lo propio, yo como alcalde de La Paz, no puedo ponerme a esperar que esos anuncios se cristalicen en el tiempo, necesito hacer algo puntual y por eso estamos precisamente con la Universidad Nacional, construyendo una encuesta que nos iría a caracterizar el problema de la situación social que hay en el municipio, para presentarle unos proyectos muy serios y concretos al Presidente, para una reconversión socio laboral”.
Quebrado el negocio de las EDS
Este contexto, mantiene igual de grave el negocio de las estaciones de servicio en Valledupar y el resto del departamento, las cuales en varias oportunidades, han protestado, han tenido que reducir personal e incluso cerrar sus puertas para ser escuchados.
Estos negocios, cada vez que la Policía endurece los controles de entrada del combustible ilegal logran normalizar sus ventas y veían en el acuerdo una ‘salvación’ que incluso ayudaría al Municipio, a recuperar el impuesto de sobretasa a la gasolina con el que se invierte en las vías urbanas.
“En ese tema no se ha avanzado más nada, lo único que se sabe es lo dejó ministro Cárdenas, pero con el nuevo ministro no hemos tenido el primer acercamiento y apenas es lógico, lo único que le he escuchado al nuevo ministro es que el pretende hacer una carrera firme para el control de la minería, pero el tema aquí nuestro no se ha dicho absolutamente nada. También hay un elemento distractor y es la misma situación política que vive Venezuela, ad portas en menos de un mes de la elección presidencial, es un tema que necesariamente va a quedar para el año entrante”.
La ilegalidad, un problema social
En la región miles de familias viven del combustible que ingresa ilegalmente desde el vecino país de Venezuela y que es comercializado desde las poblaciones de la alta guajira hasta la capital cesarense. Los esfuerzos de las autoridades son permanentes, pero la principal razón por la que los ‘pimpineros’, como son llamados quienes se dedican al negocio ilegal, es la pobreza, según ellos mismos afirman.
De acuerdo con la Policía de Carreteras, las ‘caravanas de la muerte’ consisten en un grupo de 70 u 80 carros que viajan juntos para ingresar el combustible ilegal. La mayoría de ellos, marca Renault, los cuales “engallan” o modifican para que tengan una mayor capacidad en espacio y de respuesta en cuanto a velocidad y potencia ante algún retén policial.
Dichos automóviles viejos son acondicionados con potentes motores de 2.600 centímetros cúbicos. Las alfombras y las sillas traseras son retiradas; los vidrios polarizados para que los policías no vean la gasolina desde afuera. Los Renault 18 se consiguen en 4 millones de pesos aproximadamente, comprados en Venezuela y traídos por la ruta del contrabando, allí se pueden almacenar 300 galones milimétricamente calculados y divididos en 60 canecas, cuyas capacidades son de 5 galones cada una. Esta maniobra, que requiere de tiempo y experiencia, se logra acomodando los recipientes en el baúl, y el resto en la parte trasera. Por eso, es muy difícil ver un automotor que se dedique al negocio con más de dos pasajeros.
CIFRAS
En el 2011, de acuerdo a cifras oficiales, más de 70 personas fallecieron calcinadas en percances viales que involucran vehículos con combustible ilegal, en carreteras del Cesar y La Guajira.
Según las cifras arrojadas por estudios, cuatro millones de galones ingresan legalmente por la frontera con Venezuela vs. cantidades incontables de producto ilegales por las trochas.
Asimismo, existen cerca de 6 mil expendios ilegales de los centros urbanos de La Guajira, en los cuales los contrabandistas obtienen el 80% de ganancia frente a la inversión.
En las 17 estaciones de servicios que operan legalmente en Valledupar un galón cuesta alrededor de 7 mil 500 pesos, tanquear en La Paz o en un pueblo de La Guajira sale como mínimo, cada galón, en 4 mil 300.