Hasta hoy diez de junio es el plazo para que las personas afectadas hechos violentos ocurridos antes de junio del año 2011, puedan inscribirse en el Registro Único de Víctimas y puedan recibir la reparación integral que ofrece el Gobierno Nacional.
En el departamento del Cesar es curioso que este tema no le preocupe a los alcaldes y concejales de sus 25 municipios, ni a los diputados, menos al gobernador Monsalvo, que por el contrario ha sido indiferente con las organizaciones sociales que trabajan por esta numerosa población, que en este departamento supera las 300 mil personas.
El 30 % de la población que hoy vive en el Cesar ya hace parte del Registro Único de Víctimas. Esa cifra dice mucho y debería ser motivo de análisis y acciones concretas porque es la primera vez en la historia de Colombia que las víctimas tienen rostro y nombre.
Si bien es cierto que la Ley de Víctimas (1448 de 2011) constituye un hito en la defensa y garantía de los derechos humanos en Colombia, también lo es que no es la solución a todos los problemas que ha generado la violencia en Colombia. Se destaca de esta ley que se ciñe a los estándares internacionales y que además expresa la voluntad de una sociedad que se congregó para debatir y concertar una ley incluyente, viable y responsable, que es hoy la esperanza para el logro de la reconciliación nacional y la prosperidad para todos.
El esfuerzo de la Unidad de Víctimas, Atención y Reparación Integral de Víctimas es invaluable. Sin embargo, se necesita más articulación de las instituciones para que la oferta que estipula esta Ley pueda llegar completa a las víctimas. Hace pocas semanas en Valledupar se celebró que por primera vez en el Cesar una familia a la que le fue restituido un predio, le llegó toda la atención integral, cuando no había necesidad de celebrar algo que debería convertirse en lo cotidiano.
Hoy se vence el plazo, quedarán muchas personas por fuera que en realidad son víctimas y muchas más que sin serlo si hacen parte del Registro Único. ¿Qué han hecho los mandatarios que van de salida por las víctimas de sus poblaciones? ¿Qué harán los que llegarán a partir de enero de 2016?
Hay un proyecto en curso en el Congreso de la República para que se extienda el plazo, si se da, ¿qué pasará en las regiones apartadas, en las veredas, para que esas personas que han sufrido los estragos del conflicto armado, puedan acceder a las garantías de la Ley de Víctimas?