El Sistema de Alertas Tempranas que ha implementado la Defensoría del Pueblo para llamar la atención de las autoridades cuando corre peligro una comunidad o persona por la vulneración de sus derechos, es un modelo exitoso.
Ahora la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, junto con Presidencia de la República, desarrollarán una herramienta similar: un Sistema de Alertas Tempranas por casos de corrupción.
Apenas acaban de suscribir un convenio marco interinstitucional y acordaron “trabajar armónicamente y colaborar en todo lo que sea necesario para mejorar el sistema de denuncias contra la corrupción”. Las alertas de corrupción las harán con base en los mapas de riesgo de las entidades del Estado y denuncias de distinto origen.
Todas estas estrategias son bienvenidas porque si de algo está ávida la comunidad es de tener la certeza de que la estructura del Estado funciona, que la justicia sea justa y que los líderes que escogen por voto popular sean castigados cuando no cumplen con el mandato que le da el pueblo.
Ahora la pregunta es: ¿Si este es una nueva herramienta para combatir la corrupción entre estos organismos de control, qué va a pasar con las comisiones de moralización que se supone deben integrar las mismas instituciones?
En el caso del Cesar la Comisión de Moralización ni siquiera tiene vida propia. Es una comisión de papel que no han podido activar, a pesar de que son implementadas por el Artículo 65 de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, que ordena a la Secretaría de Transparencia la instalación y operación de Comisiones Regionales de Moralización en cada departamento del país para coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción.
Todo lo que se haga para disminuir los niveles de corrupción administrativa es bienvenido. Lo que no se acepta es que solo sean iniciativas de papel, que se convierten en un saludo a la bandera.