El Complejo Judicial de Paloquemao esta semana fue el epicentro de una importante noticia: la decisión de una juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá de ordenar la detención preventiva en establecimiento carcelario. Claro que, por la condición de exservidora pública de la imputada, la juez aclaró que su reclusión tendrá lugar en una guarnición militar.
La imputada es Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, vinculada por los presuntos delitos de tráfico de influencia y lavados de activos en el caso de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. A partir de la redacción de los tipos penales en cuestión, de un lado, en el tráfico de influencias el servidor público debe utilizar indebidamente, en provecho propio o de un tercero, las influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función. Por su parte, el lavado de activos tiene una estructura más compleja, que, en esencia, se podría configurar cuando se realiza alguno de los verbos rectores, entre otros, adquirir, resguardar, invertir en bienes que tengan origen mediato o inmediato en alguno de los delitos expresamente enlistados, dentro de los cuales se encuentran contemplados aquellos contra la administración pública.
Los hechos atribuidos por el ente acusador a Sandra Ortiz son, presuntamente, por haber transportado en su camioneta asignada a su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección una maleta con una cifra de 3.000 millones de pesos entregados a un Senador para financiar una campaña política.
Uno de los elementos materiales probatorios usados por la fiscal del caso para sustentar su petición de la detención preventiva fue un interrogatorio realizado a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, también vinculado a este proceso penal. Es preciso indicar que esta persona tiene una matriz de colaboración, lo cual podría resultar útil para la vinculación de otras personas o la adición de la formulación de la imputación a quienes ya están formalmente vinculados.
¿Qué sigue ahora en el proceso penal contra Sandra Ortiz? La Fiscalía deberá decidir si existe o no mérito para formular acusación en su contra, escenario que es seguramente el más probable, descartando así la posibilidad de que en su favor se solicite una preclusión de la actuación penal. En caso de ser llamada a juicio, el ente persecutor deberá acreditar la responsabilidad penal por los delitos objeto de acusación.
¿Suscribirá Sandra Ortiz un acuerdo de colaboración con la Fiscalía? Este es un escenario que poco se ha tratado, pero, en caso de darse, podría implicar a otras personas o fortalecer la evidencia contra aquellas que ya fungen como indiciados.
Por: Luis Carlos Melo Vides – abogado penalista.