Cuando el autor de estas líneas se encontraba firmando ejemplares del libro llamado como se titula la columna, un joven acucioso preguntó: ¿Usted no está exagerando? ¿Cree que es bueno para el país sugerir que se encuentra en peligro?
Esos interrogantes fueron, en realidad, una invitación a reflexionar con quien preguntaba acerca de las razones que nos obligan a llamar la atención sobre los riesgos que acechan a la nación. No se trata de asumir una actitud alarmista. Por el contrario, lo que se busca es evitar que lleguemos a un punto en el que los hechos nos arrollen y, lo que fue una posibilidad que debía neutralizarse, se transforme en realidad agobiante.
Es mejor prevenir que curar, rezan los consejos, siempre sabios, del conocimiento popular. ¿Por qué, entonces, decir con énfasis, en este momento, que hay que salvar a Colombia?
Tenemos que hacerlo debido a que la Constitución está amenazada, la descentralización en peligro, la propiedad privada enfrenta serios riesgos, el propósito de conseguir el equilibrio regional encuentra obstáculos de importancia, y las seguridades jurídicas de los colombianos pueden ser arrasadas.
Lo primero ocurre por cuanto la incorporación de las 310 páginas del acuerdo Santos-Timochenko a la carta, vía el bloque de constitucionalidad, nos deja sin estatuto fundamental claro.
De otro lado, el propósito de dejar atrás, definitivamente, el centralismo, enfrenta un enemigo en la disposición de dicho acuerdo que determina la elaboración de planes de desarrollo sectoriales para que sean ejecutados localmente.
Así mismo, varios puntos de lo acordado, que está dando lugar a leyes reglamentarias afectan el trabajo honesto de muchos colombianos, o la posesión pacífica e ininterrumpida mediante cláusulas como la de la extinción de dominio por indebida explotación ecológica, a manera de ejemplo.
Además, el énfasis de la inversión solamente en zonas que han padecido la violencia, pero poco habitadas, propósito cuya bondad nadie discute, en la práctica dejaría sin las posibilidades adecuadas a sectores urbanos deprimidos y castigados por la pobreza y la exclusión.
Y la jurisdicción especial para la paz destroza los principios del juez natural, de legalidad y el de no retroactividad en materia penal, con lo cual se deja sin seguridades a los ciudadanos.
Todos los anteriores son aspectos fundamentales de nuestra organización, que, de ser debilitados, pondrían en peligro la estabilidad del sistema que nos rige y, por lo tanto, la estructura constitucional y legal de Colombia. ¿Qué hay que hacer, entonces? Pues garantizar que tengamos una constitución cierta, conocida y definida, seguridades jurídicas para los ciudadanos basadas en principios que se han elaborado durante largos años, propiedad privada asegurada, descentralización cierta, y posibilidades reales de avanzar hacia el sueño de los equilibrios regionales con fundamento en el desarrollo nacional generalizado. Todo lo anterior está en juego.
Naturalmente, tratar estos asuntos nos colocan en un escenario de debate político mucho más profundo que el que hoy tiene lugar. Muchos dirán que dicha controversia carece de atractivo porque la política moderna exige mensajes más sencillos y comprensibles. No importa que se piense así.
Si los debates que tienen que ver con lo fundamental de la institucionalidad hay que darlos con profundidad, pues lo obligante es hacerlo. Lo demás es apenas ceder ante la superficialidad que hace daño, y, en lugar de construir, destruye. Por eso el llamado a que salvemos a Colombia.