¿Saboteo a Petro?

Todos conspiran contra el gobierno, aunque todos somos gobierno, el mismo boicoteo que soportó el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando fungió como alcalde de Bogotá, en el intento de desmonopolizar el negocio de las basuras, ahora enfrenta el saboteo de EPS con medicamentos acaparados en bodegas, con la intención perversa de afectar la imagen del jefe de Estado, arrojan sus propias denuncias, daño que no se le hace al presidente sino al paciente. 

Tras una deuda de $400.000 millones adquirida por Sanitas, Cruz Verde dejó de operar el suministro de medicamentos en Valledupar, lo que asumió el gestor farmacéutico “Suministros y Datos S & D”, peor la cura que la enfermedad, en el sentir de los usuarios, sometidos al desabastecimiento de estos fármacos.

Una auditoría espejo a Audifarma sobre el inventario físico en bodega, mostró suficiente existencia de medicamentos disponibles en el centro de distribución, pero figuraban como pendientes en el punto de dispensación. Supersalud ordenó la entrega inmediata.

El decir es que Petro no sabe gobernar, sin embargo, las variables macroeconómicas muestran una economía estable, con un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB), una inflación controlada y en descenso, un desempleo en rangos razonables y una tasa de cambio controlada”, aseguró el nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Angélica Monsalve Gaviria, exfiscal y activista colombiana de derechos humanos sorprendió y denunció lo que llamó jinetes del Apocalipsis al traducir a una simple regla de tres la reforma laboral: Si el empresario necesita más horas extras, es porque requiere producir más, porque está vendiendo más y, por tanto, generando más ganancia.

¿Entonces, quién va a hacer ese trabajo extra, y cómo lo va a pagar? ¿Será entonces que, si el empresario necesita más horas extras trabajadas, tendrá que ser gratis para poder ganar más?

Parecen jinetes del Apocalipsis augurando gremios y empresarios la destrucción y muerte del sistema económico todos los años cuando hay que ajustar el salario mínimo, sentenció Monsalve, después de cuestionar los contratos de prestación de servicios de contera configuran un atentado contra los derechos laborales. 

Y remata que lo peor de todo, es que uno no sabe, si los grandes empresarios se hacen congresistas para legislar en favor de ellos, o los congresistas se hacen empresarios también para lo mismo, es así como vemos senadores, a los que apenas conoce su mamá y el vecino, por las famosas listas cerradas.

La crisis de la salud que colapsó hace tres décadas con la ley 100 de 1993, se le quiere achacar al actual gobierno, cáncer que hizo metástasis con las EPS e IPS (el paseo de la muerte), donde el afiliado está condenado a pagar cuotas moderadoras por todo, y constreñido el medico a revisar en un santiamén al paciente, recetar medicamentos de dudosa calidad y los más baratos procedimientos.

Es de hereje supeditar la vida, el conflicto armado, el derecho de las personas y la lucha contra el genocidio, al negocio y la rentabilidad económica, sería como justificar el cambio climático, que según la ciencia acabará con la humanidad. 

Igual está en vilo la educación superior, y en su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública, el Gobierno del Cambio presentó ante el Congreso el proyecto de ley “Acuerdo Nacional por la Educación Superior”, con el que se busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para establecer un modelo de financiamiento que garantice recursos adecuados y sostenibles para las universidades públicas. ¿También lo negarán los 8 de Colombia, 5 mujeres y 3 hombres que integran la Comisión Séptima del Senado?, onomatopéyicos porque imitan el sonido del loro repitiendo que la reforma laboral acabaría con más de 500 mil puestos de trabajo, dispararía el desempleo y no combatiría la informalidad.

La Universidad popular del Cesar con acreditación de alta calidad, finca sus esperanzas en esta iniciativa, pues en la actualidad recibe $2.900.000 por estudiante y con la reforma a la Ley 30 de 1992 (art. 86 y 87) captaría $3.800.000. A la Universidad Nacional le ingresan $17 millones y a la de Córdoba $12 millones, porque tienen más magísteres y doctores.

Es la razón por la que se debe robustecer la parte académica de la UPC cualificando su cuerpo docente para escalar a la acreditación institucional en la previa de un Concurso de Méritos encaminado a proveer 100 plazas de carrera, según anuncios del rector Rober Romero Ramírez.

Por: Miguel Aroca Yepes.