Mientras que Valledupar el 27 de abril del año 2005 respiraba folclor por el Festival Vallenato, a unos 54 minutos de la ciudad, exactamente en el corregimiento de San José de Oriente del municipio de La Paz, solo deambulaba la muerte para llevarse la vida de tres jóvenes inocentes.
Se trataba de Roberto Henry Taguer Bolívar, de 22 años de edad, Cristian Camilo Santiago Redondo, de 19 años, y Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17. Ellos llegaron a aquella área rural con la ilusión de trabajar en un predio como recolectores de café y lo que encontraron fue un pelotón del Ejército denominado ‘Albardón 3’ que acabó con sus vidas.
La orden surgió del entonces comandante de grupo, el teniente Carlos Andrés Vergara Mejía, quien recibió a los muchachos de manos del soldado profesional Juan Carlos Soto Sepúlveda, un militar encargado de recoger a civiles para ser presentados como bajas en combates.
Soto Sepúlveda había viajado hasta Barranquilla, vestido de civil, para recoger a los jóvenes y llevarlos hasta el falso trabajo que les habían ofrecido. “Soto conocía del relato de engaño que se les presentó a las víctimas, y ocultó su pertenencia al Ejército Nacional para poder llevarlas hasta donde se encontraba el pelotón”, reza un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Los tres habían emprendido el viaje el 26 de abril de 2005 tras salir de sus viviendas ubicadas en el municipio de Baranoa, Atlántico. Inicialmente habían sido contactados por hombres al mando del paramilitar alias ‘Don Mario’ que se encargaban de ayudar con resultados operacionales a una fracción del Batallón de Artillería N°2 La Popa.
“Le ofrecieron (Deivis Pacheco) un trabajo en Valledupar, por las ganas de salir adelante y la situación económica en la que nos encontrábamos, él aceptó, pero no sabía que era para quitarle la vida al día siguiente”, recordó Katherine Pacheco Hernández, hermana de Deivis.
La Misión Táctica Acero N°23 ‘Esplendor’ reportó a los jóvenes como tres miembros del frente 41 de las FARC que murieron en un combate ocurrido en la vereda La Vega del corregimiento de San José de Oriente.
Después los llevaron a Medicina Legal como no identificados. La noticia del ‘operativo’ salió publicada en el diario EL PILÓN el 29 de abril de 2005. En esta el excomandante de la Décima Brigada Blindada, coronel Hernán Giraldo Restrepo, informó que los subversivos trataban de perpetrar desapariciones, secuestros y actos terroristas en la región.
Por el resultado, el teniente Carlos Andrés Vergara Mejía y sus hombres recibieron como premio varios días de permiso. “Cumplido el tiempo para el permiso, voy al batallón, organizo la contraguerrilla, nos dan el permiso (…) Me agregaron como 3, 4 días. Creo que me dieron 19, 20 días de permiso para esa oportunidad”, dijo Carlos Andrés Vergara Mejía, en una versión voluntaria entregada el 11 de febrero de 2018.
ASÍ DESCUBRIERON LA FALSA
Durante ese tiempo las tres familias sufrieron por la desaparición de los jóvenes y hasta el 5 de octubre del mismo año conocieron por un notario de Baranoa que estaban muertos.
Años después surgieron las investigaciones en la justicia ordinaria por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación hizo interrogatorios y encontró que había inconsistencias en las declaraciones de los militares. Sobre todo, en el detalle de que uno de los supuestos subversivos muertos hubiera estado en el monte combatiendo con zapatos mocasines.
Así las cosas, el ente llevó a juicio a 24 militares. Después hubo rupturas procesales y en el mes de febrero de 2014 condenaron a los primeros responsables. Estos son el teniente (r) Carlos Andrés Vergara Mejía y los soldados Hiliar Enrique Martínez Guéster y Darwin José López Orozco.
Otras irregularidades fueron analizadas por la JEP al valorar los distintos informes y documentos recolectados. “De acuerdo con el acta de gasto de munición se habrían empleado en el supuesto combate 400 cartuchos calibre 5,56, 2 bengalas de iluminación, 20 granadas calibre 40 mm, 5 granadas de fragmentación IM-6 y 5 granadas de 60 mm. Pese a este importante gasto de munición, las víctimas fueron encontradas con un fusil AK47, 1 lanzagranadas hechizo y 1 escopeta de repetición que, según Vergara Mejía quien organizó y ordenó la muerte de las víctimas, fueron compradas en la ciudad de Valledupar”, consideró la JEP.
CONDENARON A LA NACIÓN
De igual manera por los tres falsos positivos condenaron al Estado en una sentencia del 20 de abril del 2017.
“No pensaron en ese joven inocente, lleno de muchos sueños e ilusiones que tenía en su vida, le arrebataron los deseos y anhelos en su corazón. Una familia que ha luchado por muchos años para descubrir realmente qué fue lo que ocurrió, el porqué y quiénes fueron los responsables de estos hechos”, agregó Katherine Pacheco, hermana de Deivis.
EJÉRCITO PIDIÓ PERDÓN
En el mes de enero de 2020, el Ejército Nacional mediante el entonces comandante del Batallón La Popa, el teniente coronel Henry Orlando Leguizamón, pidió perdón público por las ejecuciones extrajudiciales.
UN MILITAR EN LA JEP
El soldado (r) Juan Carlos Soto Sepúlveda, encargado de recoger a las víctimas, compareció en las audiencias recientes realizadas por la JEP.
Pero no pidió perdón porque consideró ‘que no se lo merecía’. No obstante, sí reconoció el hecho. “Él (el teniente Vergara) me pidió tres bajas como sea, me dijo que debía ir a la capital del Atlántico a buscar a las personas, me dijo que ‘Don Mario’ me entregaría a tres personas en Barranquilla”, dijo Soto.
Marllelys Salinas / EL PILÓN