Alguna vez un candidato a unas cruciales elecciones municipales pidió consejo a un asesor. Este, después de un análisis del grado de cinismo de los gobernantes, de la indiferencia popular, de la cultura de connivencia con el descarado robo de los bienes públicos, le recomendó que usara este eslogan para orientar al elector en el tarjetón: “Marca aquí, hace más y roba menos”.
El refinamiento del ejercicio del poder se ha sofisticado tanto que en la gente, con baja alfabetización política y escasa comprensión de qué es el bien común, o que está en un grado de necesidad económica para cubrir sus carencias básicas, pasan desapercibidos dos axiomas elementales: que los dineros que se invierten en las obras no son del funcionario, sino de los beneficiarios, y que el hecho de que la obra o servicio se lleve a cabo no quiere decir que se hizo con transparencia, buscando los insumos de mayor calidad al menor costo. Es probable que se ejecutó y nadie haya reparado en cuánto valía cada elemento, ítem, rubro o actividad, y entre las opacas grietas se haya concedido un jugoso soborno por la adjudicación.
Es importante que los candidatos expongan con claridad su posición sobre la corrupción que ha convertido a los gobiernos en escenario de coimas y enriquecimiento personal. Es doloroso apreciar cómo alcaldes y gobernadores en nuestros territorios o altos funcionarios nacionales convierten el ejercicio de un cargo público en instrumento de incremento de su patrimonio real, de manera indirecta en figuras de testaferros en sociedades, predios o activos, a nombre de terceros.
Si se cuestionan actividades poco santas de quienes están en el poder y se proponen por los potenciales sucesores en nuestros municipios o en el departamento cambios trascendentales, deben contener un ideario y compromiso genuino contra la corrupción. No es fácil, lo sabemos, porque en las campañas se trata de ganar y lamentablemente en nuestro terruño los mayores financiadores de las campañas son aquellos apostadores, generalmente contratistas de obras o de servicios, que esperan por reciprocidad que una vez su favorito alcance la cima les corresponda en beneficios muy superiores a la ‘inversión democrática’ que han realizado.
No sabemos cuánto se gastan en nuestras campañas y de dónde sale el dinero, si se cumplen con los informes a la autoridad electoral y si se cumplen los topes; hasta dónde llega el dinero oficial y comienza el particular.
Celebramos el pacto que, a instancias de organizaciones como la Iglesia católica y el programa de Desarrollo y Paz del Cesar, PDP, suscribieron por la paz los candidatos a la Gobernación del Cesar y a la Alcaldía de Valledupar, ojalá extensivo a los otros aspirantes en el departamento.
Primero la Vida. No obstante, los dineros públicos son sagrados y un verdadero pacto por la ética debe envolver el compromiso de los postulados ante el pueblo y ante Dios, ante sus hijos y ante los de los otros, de que no se ejercerá el poder para robarle a la comunidad, pretender que los recursos públicos sean privados, y ocultarle egoístas y excluyentes intereses personales.