Mientras que la presidenta de la Asociación Indígenas Kankuama Unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Estefanía Carrillo, asegura una omisión de parte de la Organización Indígena Kankuama de la realidad de su pueblo para ocultar presuntos malos manejos de dinero, el secretario de dicha organización, Iván Lúquez, enfatiza que se trata de una campaña de difamación en su contra.
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Esta discusión nace luego de la denuncia de violación sexual múltiple a una menor de 12 años de edad en la vereda El Mojao, jurisdicción de Valledupar. De acuerdo a Carrillo, “luego de esta denuncia pública a diferentes organizaciones y medios de comunicación, el secretario de la Organización Indígena Kankuama, Iván Lúquez, lanzó una serie de improperios y amenazas para intimidar u ocultar la realidad del resguardo indígena kankuamo: presuntos malos manejos de los dineros del pueblo porque pese a que la nación les gira rubros no se encuentra acueductos ni alcantarillado ni vías”.
Añadió que Lúquez, “manifiesta de manera irresponsable que estamos enfrentando una estrategia que busca destruir nuestro proceso organizativo y de gobierno propio o tomarse el poder por parte de algunos sectores aliados a ‘la extrema derecha’ con dudosa reputación, sin que se encuentre por ninguna parte gestión o acciones nuestras que nos puedan ubicar en ninguna agrupación de las que él señala, sin ninguna evidencia que pueda probar falaces, tendenciosas y temerarias afirmaciones, queriendo distorsionar la realidad vivida y sentida dentro del territorio del resguardo indígena kankuamo de una situación caótica y latente que no puede ser ocultada”.
La querellante plantea que esto solo se trata de una ‘cortina de humo’ ante un abuso de menores que se da de manera reiterativa y sistemática, que no solo es de una sola comunidad sino en las doce comunidades que hacen parte del resguardo indígena kankuamo.
“No podemos seguir ocultando el sol con un dedo”, precisó. Por lo anterior, exige al Consejo de Mayores Indígenas que “tomen cartas en el asunto y aparten del cargo a Lúquez, toda vez que con sus declaraciones pone en riesgo la vida de los miembros de la Asociación Kankuamos Unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la de sus familias”.
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Al respecto, el secretario del Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo y Organización Indígena Kankuama, Iván Luque, expresó: “Rechazo tajantemente todos los casos de violencia, bien sea física, psicológica o sexual. Yo he sido un promotor y defensor de los derechos de la niñez, de la juventud y mujeres en nuestro pueblo, por eso he liderado muchos procesos y muchas concertaciones de políticas que tienen que ver con estos derechos; he asistido y he acompañado a muchas víctimas de este flagelo”.
Por otro lado, considera que los líderes de esta asociación están planteando un debate que es meramente personal en su contra.
“Como no pueden señalarme de actos delictivos ni de corrupción ni de actuar de manera indebida y al encontrar en mí una persona que los controvierte con argumentos y debates entonces pretenden autovictimizarse y señalarme de perseguirlos y de amenazarlos. Siempre he sido un promotor del diálogo, de la paz y de la armonía; nadie nunca puede decir que de mí ha recibido un agravio, una ofensa o amenaza porque mi hoja de vida es intachable y está al escrutinio público. Ellos malintencionadamente pretenden confundir dos discusiones que nada tienen que ver: una cosa es la discusión de los casos de violencia sexual, que yo rechazo; y otra es la discusión frente a otros asuntos que tienen que ver con el accionar del gobierno y de ellos como oposición. No voy a permitir que se pretenda ligar un asunto con otra cosa porque eso se presta para malas interpretaciones”, acotó.
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De acuerdo con el líder indígena, se trata de “campañas de difamación, injuria y falsedades que vienen promoviendo desde hace mucho tiempo unas personas que han sido desvirtuadas ante los órganos de control. Esto hace parte de intereses políticos para tratar de enlodar mi buen nombre e imagen como autoridades del pueblo kankuamo. Ella está tratando de confundir a la opinión pública; tengo la tranquilidad que mis actuaciones han estado ceñidas a la ley, por lo que interpondré denuncias en la Fiscalía General de la Nación y en el Consejo de Mayores Indígenas, que es la jurisdicción especial indígena”.