Las últimas 48 horas en Valledupar y otras regiones del departamento del Cesar estuvieron pasadas por sangre, más de cuatro muertes violentas se registraron en distintas zonas tanto en el área urbana como en diferentes sitios rurales, situación de la que no escapa la mayoría de municipios cesarenses.
La gente se pregunta en las calles sobre qué hay detrás de esta serie de muertes violentas: ¿ajustes de cuentas? ¿limpieza social? ¿disputa de territorio? Ojalá las autoridades entreguen prontas respuestas a estos interrogantes.
Además de esos crímenes también se han incrementado las amenazas, boleteo, extorsiones y nuevos secuestros como el sucedido el pasado viernes 26 de mayo en una finca ubicada en el municipio de Río de Oro, sur del Cesar, donde fue plagiado el ganadero y abogado Sanín Mena.
La sensación que existe es de inseguridad, ya la gente no viaja tranquila por las distintas carreteras del Cesar y mucho menos puede estar a placer en las zonas rurales, los ganaderos y agricultores temen ir a sus fincas y la tensión pareciera aumentar con el paso del tiempo.
Pero no es solo en Valledupar y el Cesar, esta misma situación se presenta en muchas zonas de Colombia, siendo los casos más críticos en algunas regiones donde ya se ha dado hasta carnetización de la gente por parte de la guerrilla.
Los principales medios de comunicación del país este lunes dedicaron amplio espacio a ese fenómeno de violencia que se está recrudeciendo a lo largo y ancho del territorio colombiano, poniendo de presente que en varios departamentos y capitales de Colombia no hay garantías para la realización de las campañas electorales que se avecinan.
Las noticias daban cuenta de la preocupación latente por amenazas de las disidencias de las Farc a candidatos: “Hemos retrocedido 20, 25 años”, dijo Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá, Caquetá, quien denunció que ni siquiera los alcaldes y gobernadores cuentan con garantías para gobernar.
“El Estado Mayor Central tiene presencia en 166 municipios del país, principalmente en departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Vichada, Norte de Santander y parte de Antioquia”, explicó Francisco Daza, investigador nacional de la Fundación Pares.
Al respecto, la Comisión de Seguimiento Electoral precisó que los problemas se presentan en 18 de los 32 departamentos del país y también en Bogotá, son 73 municipios en riesgo. Además de Bogotá, hay alertas en estas ciudades capitales: Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Neiva, Quibdó, Cúcuta y Arauca.
El tema es de grueso calibre, en su análisis semanal el exprocurador Alfonso Gómez Méndez plantea que “el Estado debe revisar seriamente su política criminal y no seguir condicionándola a factores de coyuntura”.
Sin embargo, el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, quiso bajarle el tono a la situación: “si ustedes hacen una comparación estadística es evidente que no estamos volviendo a esos tiempos de antes, pero hay unas alertas y frente a las alertas nosotros estamos actuando”, dijo.
Entre tanto, el registrador nacional, Alexander Vega, dijo que se coordinan acciones con el Ejército Nacional para evitar que los grupos armados ilegales pretendan poner candidatos a las alcaldías.
En resumen, son tantos factores complejos que inquietan a la ciudadanía y en medio de ese panorama de incertidumbre serán muy pocos los inversionistas que se atrevan a tomar decisiones durante los próximo cinco meses que es el tiempo que falta para las elecciones regionales. De la contundencia de las acciones del Estado dependerá el nivel de confianza para volver a invertir, lo cual incide mucho para lograr el bienestar colectivo.