Tengo el presentimiento que el 2020 será un buen año para el sector agropecuario de nuestro país. Las condiciones de clima, mercado y dólar, muestran señales favorables. Si se logran algunos cambios normativos y de gerencia en la ejecución de los recursos del presupuesto de inversión, podremos lograr un crecimiento del PIB por encima del 3.8% este año.
En materia de fomento al crédito agropecuario, urge, por ejemplo, modificar el esquema de originación de crédito del Banco Agrario y del sistema de inversión forzosa de la banca privada para irrigar más créditos al sector productivo.
En 40 años que lleva creado el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, no ha podido cubrir siquiera el 15% de la inversión anual del sector primario del país. El 85% restante de la financiación corre por cuenta de las casas de insumos y la agroindustria con unos costos financieros muy altos. Para ello, hay que comenzar por cambiar las líneas estandarizadas que ofrece Finagro, el Fondo Agropecuario de Garantías y la clasificación de los tipos de productores.
Otro reto importante del Gobierno, gremios agropecuarios y sector privado, es el fomento a la productividad. Con 16 tratados de Libre Comercio y un país tomador de precio, no nos queda otro camino que reducir los costos de producción y aumentar el promedio de los rendimientos por unidad de tierra y animal.
Ya es hora que los arroceros pasen de cosechar en promedio 5.7 a 8.5 toneladas/ha de paddy verde; que los cafeteros pasen de recolectar 18 a 23 sacos de café verde por hectárea; que los palmicultores suban el rendimiento de 18 a 26 toneladas/ha la fruta de palma; que los ganaderos escalen el promedio de 3 a 8 litros/vaca/día; que los paperos puedan cosechar 28 toneladas/ha y los productores de maíz tecnificado 9 tonoledas/ha.
Claramente, para lograr este propósito es necesario que el Gobierno Nacional adopte una estrategia con victorias tempranas en materia de inversión en canales y sistemas de riego, mecanización de cultivos, biotecnología y prestación gratuita de servicios en transferencia de conocimientos. ¿Cómo? Pues a través de una línea de crédito blanda a largo plazo con periodos de gracia o ICR, liberación controlada de importación de algunas variedades de semillas y un plan de capacitación con profesionales del Sena, Agrosavia, ICA y gremios de la producción agropecuaria.
El tercer reto, es instaurar una política de cobertura de riesgo eficiente y sostenible, para garantizar las rentas de los agricultores a través de un esquema de seguros combinados que cubra riesgos y no siniestros y un esquema de coberturas de precio para commodities a través de los contratos forward que se negocian en la Bolsa Mercantil de Colombia. El programa de “Agricultura por Contrato” hay que direccionarlo desde la industria y no desde los agricultores para lograr el crecimiento exponencial Gobierno.
Por último, queda el reto de agilizar el proceso de seguridad jurídica de la propiedad rural. Desde este espacio he propuesto al Gobierno una amnistía predial para quienes formalicen sus predios y un cambio normativo en la Unidad Agrícola Familiar, para los corredores agrícolas de la Orinoquia, Altillanura y Uraba, para poder desarrollar 2 millones de nuevas hectáreas.