La restitución de tierras en Colombia ha sido un gran reto del Gobierno Nacional, un propósito nada fácil que hoy muestra un panorama alentador. Un informe de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y cuatro decretos reglamentarios del año 2011, integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y representantes de las Víctimas, muestra como persiste el incumplimiento en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación, y la restitución de derechos territoriales.
Dice el informe que fue entregado el pasado 18 de agosto en el Congreso de la República, que “el panorama es aún más preocupante frente a la garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales”.
Estas comisiones encontraron que es la ausencia de un plan financiero específico (Conpes) para la población víctima étnica, un obstáculo estructural para la puesta en marcha de los Decretos Ley, tanto así que la restitución de derechos territoriales correspondió escasamente al 4% del presupuesto de inversión apropiado por la Unidad de Restitución de Tierras para la vigencia fiscal de 2016. Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras ha informado que con la asignación presupuestal actual, requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia étnica y agraria.
El tema es de grandes dimensiones. Coincidencialmente ayer en el portal www.verdadabierta.com publicaron la primera entrega de un trabajo periodístico sobre la restitución de tierras en el departamento del Cesar, y aseguran que “Contrario a los anuncios oficiales, la restitución de tierras en este departamento ha sido lenta y fraccionada, enfrentándose a diversas presiones”.
De acuerdo con el último informe de gestión de la Unidad de Restitución de Tierras, el Cesar es el segundo departamento del país con más solicitudes de restitución de tierras, teniendo en cuenta que los casos en esta región son documentadas por dos territoriales: Magdalena Medio, que está a cargo del sur, es decir, de los municipios entre San Alberto y La Gloria; y Cesar, que cubre las zonas centro y norte, desde Pelaya hasta Valledupar, incluyendo La Guajira.
A corte de junio de 2017, dice la investigación periodística, “la Unidad recibió entre el centro y norte del Cesar 5.247 solicitudes de reclamación, de las cuales 1.402 fueron rechazadas, 790 están formuladas en demanda y 399 ingresaron al Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas mientras son redactadas en demanda. En cinco años, los jueces han proferido 86 sentencias de restitución”.
Este informe presentado en el Congreso de la República, da cuenta de las dificultades económicas que se han encontrado en la implementación de la Ley de Víctimas, que se suman de la falta de coordinación y articulación de las diferentes entidades del Gobierno que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y, más aún, entre la nación y las entidades territoriales.
Hacemos eco al llamado que hizo la Comisión al Gobierno Nacional para que se implemente el modelo de corresponsabilidad y se fortalezca el compromiso de las diferentes entidades en el cumplimiento de sus obligaciones legales para contribuir a la reparación integral y transformadora de las víctimas del conflicto armado.
Ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha culminado, aún falta el 93 % de la población víctima por acceder a la reparación individual, las medidas de prevención y protección carecen de enfoque diferencial étnico.