Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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El Cesar es uno de los departamentos del país con la mayor cantidad de víctimas y ocupa el primer lugar en el Caribe. Desde la entrada en vigencia de la Ley 1148 del 2011 el Estado inició un proceso de reparación integral
Sin embargo, todo ha caminado a paso lento. A nivel nacional solo el 13 % de las víctimas han sido reparadas a tres años de que la ley pierda vigencia. De 1.065.673 habitantes que registra el Dane en el departamento del Cesar, alrededor de 402.857 son considerados como víctimas del conflicto armado. Es decir, el 37 % de la población sufrió directa o indirectamente los embates del conflicto. Igual que a nivel nacional el promedio de victimas reparadas es bajo, con un 14 %, algo así como unas 60.398.
Sin duda, el mayor reto son los desplazados y su proceso de restitución de tierras. Y es que alrededor de 397.641 personas fueron desplazadas en el departamento y muchas de ellas siguen luchando por regresar a sus territorios.
Es el caso de Miguel Serna, líder de víctimas y quien fue catalogado como desplazado. Un 23 de abril de 1997 fue obligado a dejar su finca en la vereda El Toco, corregimiento Los Brasiles, en San Diego, Cesar, cuenta. El problema es que 20 años después aún no ha logrado retomar la propiedad de la tierra de donde salió.
“Hay muchos problemas en los trámites y en todo el proceso, mire que van más de 20 años desde el hecho victimizante y varios desde que presenté la petición y no he recuperado la propiedad de mi tierra”, comentó Miguel Serna, quien estuvo amenazado dentro de su proceso de restitución de tierras.
En el caso de Miguel Serna aún no hay una sentencia a su favor. En ese sentido, en el 2018 entre La Guajira y el Cesar más de 4.512 hectáreas tienen orden de restitución. No obstante, aún son muchos los que con una sentencia su favor esperan regresar a los predios.
“Muchos estamos luchando porque hay sentencias de restitución y compensación que demoraron hasta cuatro años en salir pero que no se han hecho realidad, culpa de algunas malas políticas”, expresó Dellys Carmona, líder de víctimas y presidenta de la Asamblea Campesina del Cesar de la Restitución y el Buen Vivir.
En el Cesar se han restituido más de 20.000 hectáreas dentro del marco de la Ley 1148 del 2011. En el caso de la vereda El Toco, de las 80 familias que salieron amenazadas o huyendo de la violencia, solo 12 han regresado a sus territorios, según sus líderes. “Las víctimas hemos sufrido la falta de asesoría”, señaló Miguel Serna.
Desde el 2011 hasta el presente año unas 853 personas han presentado solicitudes en Valledupar para recuperar alrededor de 1067 predios. Recién se conoció la noticia de las 18 familias que regresaron a la finca Las Nubes que era propiedad de Diomedes Díaz.
Por orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el predio con una extensión de más de 363 hectáreas ubicado en el corregimiento de Badillo, municipio de Valledupar, retornó a quienes fueron desalojados del predio en el 2004 por los paramilitares.
Como ellos, alrededor de 1.355 núcleos familiares se han beneficiado de las órdenes de restitución en el Cesar. Sin embargo, no todos han podido regresar. ¿Por qué? En algunos casos, los segundos propietarios señalan que adquirieron los predios de buena fe.
Como pasó en la vereda La Alejandría donde algunos campesinos se han opuesto a ser despojados de unas tierras que aseguran haber comprado de buena fe y que el Tribunal de Cartagena ordenó restituir.
En cifras generales, son casi 5.500 solicitudes recibidas en la sectorial de Restitución de Tierras Cesar-Guajira, de esas más de 4.600 han superado el trámite administrativo, que es el primer paso.
LAS REPARACIONES COLECTIVAS
En casi todos los 25 municipios del Cesar la violencia afectó comunidades enteras, de allí la necesidad de reparaciones colectivas. Ejemplo destacado el corregimiento Guacoche, Valledupar.
El 6 de abril de 1997 incursionaron las Autodefensas Campesinas del Urabá Antioqueño armados con fúsiles y con lista en mano llegaron al pueblo y sindicaron a varias personas de ser “colaboradores de la guerrilla” así fue como los sacaron de sus casas hasta la plaza principal donde asesinaron más de diez personas, quienes hacen parte de los 46.412 homicidios cometidos durante el conflicto armado.
“El departamento del Cesar tiene el proceso ícono a nivel nacional que es el corregimiento de Guacoche. Ha sido visitada por el presidente del Banco mundial, han venido autoridades de Asia y otros países, para conocerlo, para mirar cómo hemos ido construyendo ese proceso”, expresó Juanita Rodríguez, directora de la Unidad de Víctimas Cesar – La Guajira.
Como en el corregimiento de Guacoche, en el Cesar hay 73 procesos de reparación colectiva, 38 de ellos en comunidades afrodescendientes. Eso sumado a los 17 procesos de reparación colectiva en a campesinos y 18 a comunidades indígenas. De las comunidades indígenas, los pueblos kankuamo, yukpa, wiwa, inga, wayuu y arhuaco están identificados en ese proceso, la mayoría de ellos en estado de caracterización del daño e identificación.
“La reparación colectiva son todos esos factores que trabajan por el tejido social, para mejorar integralmente a las víctimas, acciones que incidan en el colectivo social, con entidades como el Sena e ICBF”, agregó la directora de víctima.
FUNDAMENTAL CONOCER LA HISTORIA
En Valledupar está ubicada la sede territorial Cesar – La Guajira de la Comisión de la Verdad, creada con el fin de esclarecer la verdad del conflicto armado en Colombia.
Su coordinadora territorial, Ana María Ferrer, aseguró que esta zona fue seleccionada por la necesidad de documentar aquellos hechos violentos que aún no tienen registro. “Se buscó la presencia de la Comisión en zonas del país donde hubiesen más voces silenciadas y violencia invisible, y en el Cesar y La Guajira tenemos zonas que cumplen esos factores”, agregó la coordinadora.
Dentro de los cuatro objetivos que son verdad, reconocimiento, convivencia y no repetición, más la realización de un documento final con las reseñas del conflicto armado, la Comisión regional identificó a la serranía de Perijá, Sierra Nevada y Perijá – Zapatosa como las subregiones donde se deben programar diálogos.
“La verdad se forma al escuchar las voces de víctimas, los responsables y voces de otros sectores de la sociedad, entre ellos gremios, periodistas, sindicalistas. Con eso, se podrá explicar por qué pasó, quién lo hizo y cuáles fueron sus razones para cometer el hecho de violencia”, agregó la coordinadora.
Asimismo, señaló la importancia de que sobre todo las nuevas generaciones conozcan lo que pasó en el departamento para que eviten repetir esos hechos.