Por Imelda Daza Cotes
Con una nutrida y entusiasta asistencia se realizó en Bogotá el V Congreso de la Unión Patriótica los días 15, 16 y 17 de este mes. Fue un evento cargado de emociones, de cálidos reencuentros y de mucha fuerza.
Participamos delegados e invitados de todas las regiones de Colombia y del exterior. Afectados aún por el genocidio, evaluamos la coyuntura política nacional en el marco de las negociaciones de paz y decidimos el retorno a la actividad política después de 10 años de “limbo jurídico” por la arbitraria suspensión de la personería jurídica.
Abordamos además temas relacionados con la reorganización interna y la participación en la próxima contienda electoral. Aida Avella fue proclamada candidata a la presidencia y aclamada con gran entusiasmo por los asistentes.
Renace así la UP como alternativa política de izquierda después de haber sobrevivido al asesinato, desaparición y exilio de miles de sus miembros. Es un caso único en el mundo y por eso un referente histórico.
De un acuerdo de tregua y cese al fuego, entre la insurgencia y el gobierno de Betancourt, surgió en 1984 este movimiento político, pluralista y popular, con un programa que incluía las reformas y transformaciones que el país necesitaba para desarrollar la democracia política, económica y social. Con relativo éxito y con Jaime Pardo Leal como candidato presidencial participamos en las elecciones.
Por primera vez en la historia un movimiento de izquierda obtuvo 350.000 votos y eligió representantes a todas las corporaciones públicas. Esta proeza electoral, en un país políticamente intolerante, de predominio bipartidista y donde la oposición carece de derechos, generó una campaña de persecución y exterminio masivo que, junto a la diáspora, debilitaron el movimiento.
En 2002 la UP no pudo presentar candidatos y el CNE le suspendió la personería jurídica. Es decir, a la implacable persecución se sumó una sanción legal.
Recientemente y por acción emprendida por un grupo de juristas, entre ellos, Jaime Araújo Rentería, el Consejo de Estado le restituyó a la UP su identidad jurídica. Cautelosamente la organización ha ido recuperando el entusiasmo y con los acuerdos logrados en la mesa de negociaciones en La Habana, renacen el optimismo y la confianza.
La bandera verde y amarilla vuelve a ondear y se entonan de nuevo las consignas de paz con justicia social. Del gobierno se esperan garantías reales de no repetición del genocidio.
Queremos creer que hay voluntad política de paz y que se respetará nuestro derecho a participar en política en igualdad de condiciones.
La UP se dispone a actuar como factor de Unidad de las fuerzas de izquierda, para luchar juntos por un mejor país para todos.