A través de una misiva, Amarilys Llanos Navarro, la apoderada de algunos herederos de Juan de la Rosa Rojas y María Concepción Moreno de Rojas, propietarios fallecidos del predio de Piedras Azules en Valledupar, asegura que no es cierto que la Secretaría de Hacienda Municipal haya iniciado el remate de este predio.
(Leer: Iniciaron remate de ‘Piedras Azules’)
“El referido secuestro de Piedras Azules –presuntamente adelantado por la Secretaría de Hacienda Municipal el 6 de julio del presente año no pudo llevarse a cabo por evidentes irregularidades advertidas por los abogados opositores, las cuales son de tal envergadura, que por vulnerar el debido proceso de los deudores solidarios afectados con el procedimiento tuvo que suspenderse”, acotó la jurista.
Llanos Navarro enfatizó que “es de aclarar a la comunidad lo relacionado con las ventas irregulares de terreno que se han realizado en el predio de mayor extensión en litigio: Piedras Azules. La compraventa de inmueble en Colombia es un negocio o contrato solemne; eso quiere decir que para comprar uno no basta una simple compraventa (así esté autenticada por notario)”.
Lo anterior lo trajo a colación porque, según ella, desde hace tiempo dos herederos, quienes no tienen idoneidad para vender ya que no son dueños, han vendido irregularmente entregando solo un documento de compraventa (insuficiente para acreditar propiedad). “Como la tierra está en disputa sucesoral, no pueden otorgar escritura y menos registrar la venta en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo que perfeccionaría la compraventa.
Es preciso dejar claro que el inmueble Piedras Azules está en litigio y nadie puede válidamente vender, ni comprar hasta tanto no culmine la sucesión. Los derechos sobre dicho predio no son de una persona, sino de una comunidad de personas y nadie puede disponer del inmueble sin la autorización de los otros herederos”, precisó.
De acuerdo con la abogada, “a esta situación irregular ha coadyuvado además la negligencia de la Oficina Asesora de Planeación y su área Jurídica, en la cual, desde el año 2009 cursan actuaciones contravencionales por las construcciones ilegales que se han hecho en Piedras Azules durante muchos años, sin que hasta la fecha exista la decisión de tomar las medidas que establece la ley para frenar dicha práctica”.
Puntualizó que “la administración en su afán por mostrar gestión y obtener resultados no puede llevarse por delante el debido proceso de los contribuyentes; no puede adelantar un proceso que vulnera el derecho a la defensa y contradicción de deudores afectados por la obligación predial del inmueble (que no niegan los deudores solidarios que represento), sobre todo teniendo en cuenta que en este caso no es una deuda de aquellos, sino del bien sobre el cual tienen vocación y expectativa hereditaria; para estos casos la normatividad tributaria establece un procedimiento especial de vinculación a la actuación coactiva que la administración ha desconocido”.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN