La seguridad jurídica para los negocios es la premisa fundamental para la inversión, en especial, de la extranjera; nadie invierte donde no le sostengan las reglas del juego, pero el monopolio de estas garantías, por parte de las potencias económicas, que tiene sesgos ideológicos, hace sus excepciones, dependiendo del marrano, hablando coloquialmente. Colombia jamás denunciaría los tratados firmados con países poderosos.
El 21/12/2006, el gobierno venezolano, en cabeza de Chávez, adquirió el 100 % de las acciones de Monómeros Colombo-Venezolano, ahora Monómeros S.A. En ese momento, nuestro gobierno sabía con quién negociaba y el venezolano suponía que el Pacto Andino, regente de las relaciones comerciales entre estos dos países, más las normas colombianas sobre seguridad jurídica, eran suficientes y garantes. Más, Chávez estaba equivocado pese a conocer el perfil ideológico del gobierno con el cual firmaba y el de los que le sucederían.
A raíz de las insidias del gobierno colombiano y del maridaje OEA-EE-UU, a Monómeros S.A. no lo administra Venezuela sino Guaidó, ese impuesto presidente de pacotilla que solo maneja la zona rentística externa como Cytgo en EE.UU y Monómeros en Colombia. Con esta empresa paga toda la nómina internacional paralela que él creó con el celestinaje de la llamada Comunidad de Naciones. Esta no es una empresita, es el segundo activo más grande del Estado venezolano en el exterior, después de Cytgo. En 2019, Monómeros registró ingresos por $1.1 billones y en el 1er trimestre de 2020 obtuvo ingresos por $222.564 millones, 18 % más que en igual periodo del 2019.
Eso le generó una utilidad operacional de $7.119 millones en ese trimestre, a pesar de estar funcionando al 50 % de la capacidad instalada; en 2019 había tenido una pérdida de $51.925 millones. Ocupa el puesto 128 dentro de las mil empresas más grandes del país, la 8ª en el Caribe colombiano, y tiene una nómina superior a los 1.400 empleados; suministra el 48 % de los fertilizantes al sector agrícola y cubre el 70 % de la demanda de los sectores cafeteros, palmero y papero. Después del espectáculo presidencial en Cúcuta donde se le contaban las horas de supervivencia, Maduro, el presidente electo de Venezuela, nombró un nuevo gerente para Monómeros, pero Migración Colombia lo retuvo en el aeropuerto de Barranquilla y luego lo deportó.
Fue un acto inamistoso y una provocación para quienes compartieron con nosotros nuestra independencia; se han olvidado que allá nacieron Bolívar y Sucre, primeras víctimas del paramilitarismo colombiano, que no es nuevo. Qué intolerancia: por no compartir la agenda política de Venezuela, Colombia perdió su segundo cliente comercial, rompiendo de paso unas relaciones centenarias de hermanos. ¿Dónde quedó la seguridad jurídica? Creía que la era de piratas y filibusteros había terminado. Si eso no es pillaje, ¿cómo puede llamársele? ¿Cómo pretenden que la situación de nuestros hermanos venezolanos no sea de desesperanza si les quitaron el mendrugo con un cerco ignominioso?