Con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, suscrito el 15 de julio de 2003, mediante el cual surgió la desmovilización de los paramilitares inició una era de reinserción social en el territorio nacional que todavía permanece. Sin embargo, en el departamento del Cesar los desmovilizados muchas veces viven un camino tortuoso, en que los ajustes de cuentas e intereses ajenos se interponen hasta dejarlos sin vida.
El último caso lo protagonizó el desmovilizado Danilo José Hernández Márquez, apodado ‘El indio’, asesinado con arma de fuego el 19 pasado de mayo en Valledupar. El hombre fue encontrado tendido en plena vía pública de la manzana uno del barrio Bello Horizonte II por los habitantes, quienes avisaron a las autoridades.
En el proceso de reintegración a la vida civil se dedicó a prestar el servicio de vigilancia privada en la ciudad y zona rural. No obstante, denunció varias amenazas en su contra que, según los allegados, no fueron atendidas.
“Él estaba recién llegado porque estaba trabajando en otra empresa de vigilancia de un corregimiento cercano a Valledupar. Él venía interponiendo denuncias de amenazas que le había hecho y no tomaron las medidas de seguridad para garantizarle la vida, estas ahora son las consecuencias”, manifestó una familiar del desmovilizado.
Danilo José Hernández fue clave en el proceso de esclarecimiento de varios crímenes en contra del pueblo arhuaco en la región, en el marco del conflicto armado interno.
Por eso, en distintas oportunidades rindió versión libre a la Fiscalía y llegó a pedir perdón por derramar la sangre del pueblo indígena al que pertenecía.
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Su historia es apenas una de las tantas que han sucedido en los últimos años en el departamento. Por ejemplo, el año pasado también mataron con arma de fuego al desmovilizado Clodomiro Yasith Robles Orozco, conocido como ‘York’, estando en su lugar de residencia en el municipio de El Copey.
La mayoría de las muertes, según fuentes judiciales, son por ajustes de cuentas o retaliaciones. Sin embargo, estas precisamente ocurren cuando a veces los exmilitantes quieren resarcir el daño cometido en la sociedad, como fue el caso del desmovilizado Elías Arias, alias ‘Pigua’, asesinado en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar en el 2019.
Este último murió justamente días antes de que ayudara a recuperar los restos de una de las víctimas de la masacre en la vereda El Prado, perteneciente a La Jagua de Ibirico, ocurrida el 19 de mayo de 2002.
El procedimiento fue documentado por el canal internacional DW Español. En el material visual alcanzaron a entrevistar a ‘Pigua’, quien indicó que estaba residenciado a las afueras de la capital del Cesar.
“Como fui amenazado en la ciudad de Valledupar para mayor seguridad me vine para el campo, donde me levanto todos los días a las 3:00 de la mañana a ordeñar”, dijo en ese entonces el desmovilizado.
‘Pigua’ en el mes de diciembre del año 2012 rindió versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz sobre algunos hechos criminales en el Cesar.
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En la diligencia estuvo acompañado de los excabecillas paramilitares Leonardo Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’; Oscar Eduardo Daza Correa, alias ‘Luna’ y Óscar David Pérez Bertel, alias ‘Yuca’; quienes estaban bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como ‘Jorge 40’.
LOS PROCESOS
De acuerdo a un informe de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, en el departamento del Cesar hay 2.227 desmovilizados, de los cuales 1.973 están en proceso de reintegración regular, otros 37 en reintegración especial y 217 en reincorporación.
Es decir, hacen parte de alguno de los tres procesos distintos que abarcan a los exmilitantes de las AUC, de las Farc-EP, del ELN, entre otros.
La reintegración regular consiste en el abordaje integral de la persona en relación con su familia u otras dimensiones en salud, seguridad, entre otros. Mientras que la reintegración especial promueve el trabajo de las personas postuladas a la Ley 975 de 2005, una vez recobran la libertad efectiva para el acceso a los beneficios de acompañamiento psicosocial, académico y laboral.
“La reincorporación económica se orienta hacia la generación de alternativas productivas, colectivas e individuales para la consolidación de fuentes de ingresos sostenibles en el mediano y largo plazo, en el marco de la legalidad. Las personas en proceso de reincorporación tienen derecho por una única vez a un apoyo económico para emprender un proyecto”, indica el informe de la ARN.
No obstante, los parientes de los exparamilitares consideran que no existen las garantías mínimas para que los desmovilizados convivan sin miedo nuevamente en sociedad.