Mucho se ha dicho sobre los sonados casos que, como los asesinatos de Álvaro Gómez, Jaime Garzón y Luis Andrés Colmenares, por mencionar sólo algunos, aún se encuentran sin ser aclarados por la justicia penal. Los despachos judiciales están atiborrados de expedientes que duermen “el sueño de los justos”. La credibilidad de los colombianos en nuestro órgano jurisdiccional presenta un preocupante deterioro. Así lo evidencia la reciente encuesta de Gallup, donde aparece la Rama Judicial con una imagen desfavorable de 80 puntos. La Corte Constitucional presenta una imagen desfavorable equivalente a 49 puntos y una favorable que sólo alcanza los 41, y la Corte Suprema de Justicia con una imagen favorable de 61, y una desfavorable de 31 puntos.
El panorama es sombrío, pues resulta imposible litigar en un país donde a diario se desconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos; donde una clara tentativa de homicidio pasa fácilmente a ser calificada, por arte de birlibirloque, como lesiones personales y donde los procesados de alto rango con mucha facilidad se van del país, incluso después de condenados, para evadir la acción de la justicia amparados por asilos políticos que nadie entiende; y donde el ciudadano víctima del atraco callejero, por la ineficacia de la justicia, opta por conformarse antes que denunciar.
Lo que sirve a las autoridades, para decirnos que “La inseguridad ha disminuido, en comparación al año inmediatamente anterior”. Llevamos más de un mes de paro por parte de la Rama Judicial, y el ministro de la sectorial, nada dice al respecto. Mientras tanto se le están vulnerando los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, al no poder hacerse efectivo el cobro de las mesadas alimentarias, amén de las tutelas impetradas por los padres de estos niños, a quienes se les niega un medicamento o un tratamiento por parte de las E.P.S. y que están a la espera de decisión judicial. Lo triste es que ningún funcionario público se pronuncia y nadie dice nada.
En contraste con la imagen negativa de nuestra justicial, la jurisdicción especial indígena prevista en el artículo 246 de la Constitución Política de 1991, a través del resguardo indígena de Toribío y San Francisco (Cauca), acaba de condenar a 40 y 60 años de prisión a siete confesos guerrilleros de las Farc, por el asesinato de Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiñá. La noticia ha tenido gran despliegue publicitario, y no es para menos, pues sirve de ejemplo de cómo se debe administrar justicia.