Llevamos décadas viendo y escuchando la misma historia: operativos, capturas de grandes narcotraficantes, destrucción de laboratorios, decomisos de toneladas de droga, erradicación forzada de cultivos, etc. Sin embargo, el narcotráfico persiste, la criminalidad se fortalece y las sustancias ilícitas se consiguen en cada esquina, como si fueran golosinas.
Cada vez que un capo cae, surgen diez o veinte más; cada vez que se militariza una zona, la violencia se traslada a otra parte del país. Y, en el camino, los más afectados son las comunidades campesinas, los jóvenes atrapados en redes criminales y las miles de familias que han perdido a sus seres queridos en esta guerra interminable.
En el marco del conflicto armado colombiano, en el cual la lucha contra el narcotráfico ha sido un componente significativo, organismos como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) han documentado más de 262.000 víctimas fatales entre 1958 y 2018. De estas, 215.005 eran civiles y 46.813 combatientes . Aunque no todas estas muertes se atribuyen exclusivamente al narcotráfico, una proporción considerable está directamente relacionada con la violencia generada por este negocio ilícito.
Tanto los procesos de paz como la confrontación directa contra los grupos al margen de la ley han resultado infructuosos en la lucha contra el narcotráfico. En 2024, durante las negociaciones en el marco del proceso de “paz total”, la presencia de estos grupos aumentó significativamente en el territorio. Según la Defensoría del Pueblo, cerca de 430 municipios y más de 20 áreas no municipalizadas de Colombia están en riesgo debido a la actividad de grupos armados ilegales.
Entre estos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se destacaron por su expansión, incrementando su influencia de 253 municipios en 2022 a 392 en 2023. Les siguieron las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia), que pasaron de estar presentes en 230 localidades a 299 en el mismo período.
El incremento de la presencia territorial de estos grupos armados ilegales está estrechamente vinculado a la disputa por el control de los cultivos ilícitos. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023, el área sembrada con hoja de coca en Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas, lo que representa un aumento del 10% respecto al año anterior.
Además, la producción potencial de cocaína pura aumentó un 53% en el mismo período, alcanzando las 2.664 toneladas métricas.
El negocio
Por otro lado, en países consumidores como Estados Unidos, las cifras de sobredosis han aumentado significativamente. Según el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, en 2021 se registraron 106.699 muertes por sobredosis de drogas, lo que se tradujo en una tasa ajustada por edad de 32,4 por cada 100.000 habitantes en dicho país.
El problema es evidente: mientras las drogas sean ilegales y la demanda siga creciendo, el negocio no desaparecerá. El narcotráfico continuará siendo un negocio multimillonario controlado por organizaciones criminales. La prohibición no ha reducido el consumo ni ha debilitado a las mafias; por el contrario, ha permitido que el mercado funcione al margen de la ley, protegido por redes de violencia y corrupción. En este contexto, la única estrategia viable y efectiva es la regulación.
¿Por qué regular es la mejor opción?
Golpea al crimen organizado en su principal fuente de ingresos. La ilegalidad de las drogas permite a las mafias operar en un mercado clandestino con enormes márgenes de ganancia. Si el Estado regula la producción y distribución de ciertas sustancias, los carteles perderían su principal fuente de ingresos y, con ello, gran parte de su poder. Este modelo ya ha demostrado eficacia en países que han legalizado la marihuana, reduciendo el mercado negro y los delitos asociados a su tráfico.
Disminuye la violencia y la corrupción
La prohibición ha convertido el narcotráfico en una guerra en la que los grupos criminales compiten por el control de territorios y rutas. Legalizar y regular el mercado eliminaría la necesidad de proteger el negocio con armas o sobornar a políticos, policías y jueces, permitiendo que el Estado establezca normativas claras para la producción y el comercio.
Garantiza un consumo más seguro
Uno de los mayores peligros del mercado ilegal es la adulteración de sustancias tóxicas, que aumenta el riesgo de sobredosis, intoxicaciones graves y daños irreversibles a la salud. Con una regulación estricta, el Estado podría establecer estándares de calidad, brindar información clara sobre los efectos del consumo y, en lugar de tratar el uso como un delito, abordarlo desde un enfoque de salud pública mediante campañas de prevención, educación y tratamiento.
Genera ingresos para el Estado
En lugar de gastar miles de millones en una guerra fallida contra las drogas, los gobiernos podrían generar recursos mediante impuestos y licencias para la producción y venta regulada. Estos nuevos ingresos podrían destinarse a fortalecer la salud y la educación, e invertir en oportunidades productivas para las comunidades afectadas, ayudando a que muchos campesinos que hoy dependen de cultivos ilícitos puedan migrar a modelos de producción legal, sin riesgo de ser criminalizados.
No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. La evidencia histórica es clara: la prohibición ha fracasado. Insistir en estrategias que no han dado resultados solo perpetúa la violencia y fortalece al crimen organizado.
Regular no es sinónimo de promover el consumo, sino de asumir el problema con responsabilidad, abandonar una guerra fallida contra las drogas y adoptar un enfoque basado en la seguridad, la salud pública y los derechos humanos. Colombia y los países consumidores tienen la oportunidad de cambiar el rumbo. Es hora de reabrir el debate y tomar decisiones fundamentadas en la realidad, no en el miedo.
Por Carlos Felipe Quintero Ovalle
.