Lo que se ha discutido en La Guajira estos días sobre el uso de regalías por $ 300.000 millones no es un debate innecesario, se debe evaluar sobre la pertinencia de los recursos que ofrece la explotación de los recursos naturales, de los que podrían quedar pocos años, de la planeación, y de la adecuada información, para evitar sesgadas opiniones más motivadas por intereses políticos que de otro cariz.
¿En qué usarlos? Generalmente se ha dicho, y así fueron las primeras reglamentaciones derivadas de la Constitución de 1991, que debían destinarse a cubrir las necesidades básicas entendidas como la ampliación de coberturas de agua y saneamiento básico, salud y educación. Con el transcurso del tiempo se flexibilizaron y los mandatarios empezaron a proponer proyectos que estimaron estratégicos y transformadores, pero que en el fondo escondían un vasto interés electoral, o la soterrada corrupción.
Esta lamentablemente reforma fue la hija mayor del proceso descentralizador de Colombia, de las transferencias a la periferia de los ingresos corrientes de la Nación y de la conquista histórica que las entidades territoriales lograron cuando en lugar de que las regalías fueran de la Nación, como era lo tradicional, lo serían del Estado. Y preferencialmente de las entidades locales y departamentales.
Hay experiencias nacionales sobre el asunto, de un sabor áspero, ácido, para los ciudadanos, aunque habría aspectos positivos por resaltar. Si bien no todas las regalías se las roban, pues la verdad es la contraria, sí hay fenómenos de corrupción, despilfarro, en el diseño, poca consulta pública e impertinencia de las obras y servicios, que llevan a la extendida idea de que esos proyectos mineros y de hidrocarburos no crean un sentido de pertenencia por parte de la población.
El divorcio, como lo definía Jorge Eliécer Gaitán, entre el país político y el país real ha terminado por condenar al “modelo minero” en nuestra región. La dilapidación de esos millonarios recursos por la clase política ha roto el esperado enlace entre la actividad minera y la aceptación ciudadana.
Hay, entre otros, dos temas que con acierto ha planteado el gobernador saliente de La Guajira, Roys Barreras, al defenderse de la columna publicada por Luis Alonso Colmenares titulada: ‘¿Así enseñan planeación en Harvard?’.
Nemesio Roys dice que no se pueden censurar las obras deportivas, porque son igualmente necesarias para los municipios, sean piscinas o coliseos, y el listado de obras que contratarán las alcaldías, no la Gobernación, no solo incluyen esa actividad; y el otro es el de que no se debe censurar que se hagan inversiones altas en territorios con baja densidad poblacional. “Si así fuera no habría inversiones rurales, menos en un territorio como el guajiro”, dice. No se puede, a su juicio, menospreciar obras de envergadura como unas piscinas en La Jagua del Pilar, que valen $ 5.000 millones, y no el doble, según Colmenares, porque tiene escasa población. Y justifica invertir $ 11.000 millones en la plaza principal de San Juan, algo más de la gastado en la de Valledupar en la pasada administración municipal. Con razón, la controversia no cesa.