Tras firmar el tan anhelado “acuerdo de paz” con la guerrilla de las Farc, destapar los múltiples casos de corrupción, las exorbitantes sumas de dinero que son utilizadas para financiar las campañas políticas, la falta de controles de los partidos políticos al otorgar avales y la precariedad del sistema electoral, el Gobierno Nacional decidió nombrar una comisión especial para reformar el sistema electoral, con la iniciativa de conformar “una democracia más amplia, profunda, participativa y transparente”.
Los honorables miembros de la comisión centraron sus propuestas en tres ejes principales: “la arquitectura institucional, el financiamiento de la política y el sistema electoral”, los cuales buscan la creación de una Corte Electoral y Consejo Electoral, que se encargarían de la jurisdicción electoral y asumirían las funciones técnicas, logísticas, administrativas, organización y ejecución del proceso electoral, además de administrar el Registro Civil, desplazando o dando muerte funcional a la Comisión Quinta del Consejo de Estado y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que cumplen esta misión y funciones.
Con esta iniciativa se desconoce la eficiente labor desempeñada por la Registradurìa Nacional del Estado por más de 68 años en el cumplimiento de su misión, la cual, ha realizado con transparencia, imparcialidad y eficacia, garantizando un desempeño idóneo y oportuno, que le ha permitido posesionarse como una de las entidades más confiable y con alto grado de credibilidad y conocimiento ante la opinión pública y como una de las mejores entidades electorales a nivel mundial.
Pero infortunadamente hoy visionamos un panorama discrepante, un sometimiento culpable, ajeno a las actuaciones de esta entidad, exonerando de culpa a los verdaderos responsables de los males que atacan y carcomen la democracia, la clase política, que con sus malas prácticas y artimañas han hecho sucumbir el sistema electoral colombiano, solo con el pretexto desaforado de reestructurar el sistema y llegar hasta acabar esta prestigiosa institución.
Delitos como la trashumancia, corrupción, fraude o constreñimiento al sufragante o la violación de topes electorales que son perpetrados por la clase política, no por los funcionarios de la Registraduría, son los que han puesto en riesgo la transparencia de las elecciones y han violentado el derecho al voto de los ciudadanos, poniendo en peligro la democracia, por ello se debería actualizar, fortalecer las normas lectorales, endurecer el régimen de inhabilidades y robustecer la organización y el régimen interno de los partidos que permitan oxigenar y garantizar un ejercicio democrático transparente.
La Registraduría Nacional del Estado Civil necesita reformas, cambios para afianzar y mejorar aún más su excelente desempeño, requiere de una modernización, implementación de nuevas tecnologías, mayor inversión, mejora salarial y capacitación de sus funcionarios, que permitan cumplir con su misión y compromiso institucional de garantizar la transparencia, eficiencia, neutralidad y objetividad en la organización de los procesos electorales, como también la entrega de resultados electorales confiables, oportunos y efectivos como se viene realizando a pesar de las dificultades que deben sortear sus funcionarios a diario.
Si de verdad queremos brindar un sistema electoral, transparente y acabar con las malas prácticas electorales debemos respaldar y fortalecer la Registraduría, no acabarla, porque si se da visto bueno a las recomendaciones de la comisión de experto, contribuimos al incremento del clientelismo, la burocracia y permitimos que los politiqueros sigan socavando nuestra democracia, deslegitimen la decisión del pueblo y corrompan las instituciones.