No debió el gobierno del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, desgastarse en reformas a la salud ante el Congreso, cuando es suficiente intervenir las EPS que están quebradas financieramente, muchas de las cuales patrocinaron a los padres de la patria en su investidura de senadores y representantes.
El 50 % de las EPS ahora dependerán del gobierno, a lo europeo, donde el 100 % de la salud lo asume el Estado. Con cálculo político, económico e información distorsionada, expertos en salud han puesto sobre la mesa las consecuencias que tendrían en el mediano y largo plazo las intervenciones del Gobierno a las EPS.
La Superintendencia de Salud, entró a intervenir la EPS Sanitas y la Nueva EPS. En total serían unos 26 millones de usuarios, teniendo en cuenta que el sistema está compuesto por 51,1 millones, de los cuales 23,09 millones pertenecen al régimen contributivo y 26,4 millones al subsidiado.
Para los que despotrican de la reforma a la salud todo es nefasto y apocalíptico, y describen perversamente un panorama plagado de incertidumbre, hasta llegar a argumentar que la liquidación de una EPS genera un incremento de la mortalidad en un 25 % de la línea base, debido a que puede haber congestión en la atención, pero ignoran la mortandad que han provocado las EPS al quebrar las clínicas y hospitales y la billonaria usura que ha representado la salud como negocio de particulares con dineros públicos.
El Gobierno del Cambio busca generar confianza entre los prestadores de la salud, pacientes, proveedores y todos los actores del sistema de salud con las EPS intervenidas. La labor de un interventor es recuperar en primera medida la garantía de la atención de los usuarios, un saneamiento de la gestión y el mejor uso de los recursos, sanos fines que persigue el mandato presidencial, sin perjuicio de partidos e ideologías, porque la vida no tiene color político.
Expertos aseguran que estas intervenciones no tendrían consecuencias en los usuarios, ya que, en Europa, por ejemplo, en la mayoría de los países, la población en su totalidad es atendida por sistemas nacionales de salud.
“El sector privado participa en la prestación del servicio, pero no en el aseguramiento. Esa es responsabilidad del Estado en el 100 % de la población española, y así en muchos países europeos con cobertura universal”.
Por cuenta de las EPS el sistema de salud colapsó hace más de dos décadas, arrastrando un déficit de $25 billones, a lo que se le suma el embolate de $13 billones provenientes de dineros públicos girados a la Nueva EPS, Sanitas, Compensar y Salud Total, entre otras EPS, según se desprende de hallazgos fiscales de la Contraloría General de la República. Se colige, entonces, que la corrupción le ganó la apuesta a la vida, escenario en el que la salud cambió de razón social, definida ahora como bien explotable que se maneja como una mercancía, donde el ser humano dejó de ser paciente, para convertirse en cliente.
Para qué complicar lo que se puede simplificar por decreto, sin desbordar la norma, predicciones sobre las que había elucubrado el nacido en Chiriguaná, donde la inteligencia es peste, Tito Hernández Caamaño, tal cual como lo han hecho otros presidentes, simplemente revisar la actuación de exjefes de Estado que han edulcorado o maquillado reformas en tiempos en que todo el mundo intenta utilizarse para sus propios intereses.
Miguel Aroca Yepes